Luis Rubio / La Corta

AutorLuis Rubio

"¿Qué se tiene que hacer si en algún momento la población vota para establecer una dictadura?", se pregunta Karl Popper, el gran estudioso de la democracia y las sociedades abiertas. La mayor parte de las democracias, dice el autor, incluyen provisiones para impedir que eso ocurra, como el requerimiento de mayorías calificadas en el Congreso. Legalmente o no, el hecho es que Morena, y por lo tanto el presidente, cuenta con una mayoría calificada en la Cámara baja del poder legislativo y no le falta mucho para tener lo mismo en el Senado. En un sistema de poderes divididos, la Suprema Corte constituía el único poder capaz de evitar la consolidación de una dictadura. Lamentablemente, la Corte se quedó corta.

Cada uno de los poderes en una democracia tiene su estructura, origen y responsabilidades. Mientras que el ejecutivo y el legislativo son electos y, por lo tanto, requieren mantenerse cerca del pulso ciudadano, la Suprema Corte fue diseñada para guardar distancia y valorar, desde la perspectiva de largo plazo que ofrece el marco constitucional, las propuestas, decisiones y legislaciones que son materia de los otros dos poderes. Su función no es la de ser popular sino la de guardar el equilibrio, y romper los empates, entre los otros poderes públicos.

Cuando un poder dotado de semejantes facultades abdica su responsabilidad, le falla a la sociedad y abre la puerta a cualquier tropelía que pudieran querer avanzar los otros poderes. En nuestro caso, con un ejecutivo que domina al poder legislativo y lo subordina a sus intereses y preferencias de manera rutinaria, la Corte era el único reducto que le quedaba a la ciudadanía como fuente de protección constitucional. Con su decisión de endosar la consulta para procesar judicialmente a los expresidentes, la Corte cedió, se doblegó y perdió toda credibilidad. Con una Corte subordinada -tramitadora de las ocurrencias presidenciales- resulta innecesario crear un tribunal constitucional como el que proponía el presidente porque ya está ahí.

En lugar de evaluar la propuesta de consulta para procesar a los expresidentes en términos constitucionales, la Corte optó por elucidar "los sentimientos del pueblo". Hay sólo dos interpretaciones posibles, ambas malas: primero, que la mayoría de los ministros de la Corte efectivamente cree que la politización de la justicia es una forma legalmente válida; la otra es que la Corte optó por evitar un conflicto con el presidente, accediendo de antemano...

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