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Luis Manuel Garza / Pedreras

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Vincent
AutorLuis Manuel Garza

El pasado 13 de septiembre, el Gobierno de Nuevo León eliminó una buena parte de las restricciones para desarrollo de viviendas en los terrenos colindantes con las pedreras, impuestas en la Administración de Sócrates Rizzo en 1995, mediante un acuerdo suscrito por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Manuel Vital y un subalterno.

En la misma fecha se expidió un decreto suscrito por el Gobernador, por Enrique Torres, Secretario General de Gobierno, y el propio Vital, con nuevas reglas en donde se reduce considerablemente el área de restricciones para vivienda en la zona.

El propósito de la medida es regularizar asentamientos humanos ilegales, autorizados por diversos ayuntamientos de la zona (denunciados por EL NORTE desde 2014), y para permitir nuevos desarrollos habitacionales en ese lugar.

Hasta aquí, analizando superficialmente el tema, pudiera parecer todo normal, si no fuese por el conflicto de intereses evidenciado anteayer por este periódico, pues resulta que Enrique Torres es integrante de una de las desarrolladoras de vivienda en la zona liberada de restricciones, beneficiada económicamente con el decreto.

Esta modalidad de hacer negocios valiéndose de un cargo público, que pudiese encuadrar en el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades (Art. 216 Bis, del Código Penal de Nuevo León) fue defendida imprudentemente por el Gobernador, quien negó el evidente conflicto de intereses, al igual que lo hizo el propio Torres, quien aseguró haber firmado el decreto sólo para "refrendar la firma del Gobernador".

Pero eso no es todo.

Para llevar a cabo lo anterior se argumentó que en 1995 tales empresas dedicadas a la extracción y trituración de piedra eran mucho más contaminantes que en la actualidad; además, porque ahora existen normas ambientales más estrictas para que la industria reduzca al mínimo sus índices contaminantes.

Pero ése no es el punto, puesto que el tema de las viviendas es competencia concurrente de la Federación, Estados y municipios, acorde con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, legislación...

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