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Luis Rubio/ La ley de la UNAM

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Vincent
AutorLuis Rubio

Difícil saber si el secuestrado es el gobierno o la UNAM. Diez meses de eso que se ha dado por llamar "huelga" no parecen ser suficientes para que el gobierno -en realidad los gobiernos federal y del Distrito Federal- comiencen a reconocer el enorme peligro que representa el Consejo General de Huelga para la estabilidad política y, en general, para el futuro del país. Apenas unas cuantas semanas de iniciada la huelga estudiantil se hizo evidente que el movimiento inicial había sido transformado -plagiado- en un movimiento político con objetivos totalmente ajenos a los de la Universidad. A pesar de ello, el gobierno y la Rectoría siguen pretendiendo que sus interlocutores (el CGH) están deseosos de sentarse en la mesa de negociación. En el camino se ha trastocado el concepto de autonomía universitaria, se han destruido los cimientos de la universidad, se ha hecho patente la debilidad del Estado de derecho y se ha ido avanzando poco a poco hacia el abismo de la inestabilidad, justo en el momento de mayor vulnerabilidad política: el proceso de sucesión presidencial. Con la explosión de la violencia en la Preparatoria número 3, el conflicto entra en una nueva fase: se ha iniciado una etapa violenta y se ha hecho patente la ausencia de autoridad. Ya no es posible pretender que se trata de un tema académico-universitario, lo que lleva a replantear el axioma bajo el cual se ha actuado hasta la fecha.

A 10 meses de iniciado el conflicto su origen aparece cada vez más borroso, pero es imperativo recordarlo. El movimiento se inicia como un rechazo al proyecto del rector de cobrar por los servicios educativos que ofrece la Universidad. El rector había propuesto un esquema de colegiaturas y becas que garantizaba la posibilidad de estudiar a cualquier estudiante que no tuviera medios para pagar las cuotas. En este sentido, se trataba de una propuesta sensata, pero ciertamente incompatible con el proyecto de universidad que abriga un amplio contingente de estudiantes. Para esos grupos, la Universidad debe ser gratuita y dar acceso amplio y sin restricción alguna a quien desee estudiar. El proyecto que avanzaba el rector partía de un esquema distinto, encaminado a elevar los estándares académicos, a crear un sistema meritocrático y a retornar a los estándares de excelencia que caracterizaron a la Universidad décadas atrás. Se trata de dos proyectos esencialmente incompatibles -ambos legítimos- que han estado chocando uno con el otro esencialmente desde...

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