Lorenzo Meyer/ Nuestro fenómeno burocrático
| Autor | Lorenzo Meyer |
El problema
La lucha por acabar con el régimen antidemocrático que dominó México a lo largo del Siglo 20 -y que en mucho fue una adaptación de esquemas preexistentes- llegó a su momento decisivo, que no final, el 2 de julio del 2000. Ese día se cerró el capítulo más importante del largo proceso de cambio, pero el proceso mismo no concluyó entonces ni ha concluido aún.
Todavía hay batallas que dar contra el caciquismo -Yucatán es el ejemplo más reciente-, cuentas de miles de millones que aclarar -ahí sobresale el rescate bancario, uno de los más caros en la historia mundial, y que facilitó el que los banqueros nacionales rindieran la plaza y se pasaran con armas y bagajes al lado del capital externo-, multitud de actos de corrupción de la vieja clase política que investigar -los casos de la familia Salinas son los más conspicuos, pero están lejos de ser los únicos- e instituciones que sanear y adaptar a los nuevos tiempos supuestamente democráticos. Entre estas últimas está, en primer lugar, el propio aparato burocrático del Gobierno federal.
De acuerdo con las cifras de 1999, la administración pública federal es una maquinaria de 835 mil plazas (más de la mitad le corresponden a la SEP y a la Sedena), a las que hay que agregar 687 mil más que corresponden al personal que laboraba en las entidades paraestatales (por sí solo el IMSS representa más de la mitad) y, finalmente, un millón 337 mil plazas con personal descentralizado (maestros, médicos y enfermeras).
A estos 2 millones 859 mil empleados de hace dos años hay que añadir los que laboraban en las burocracias estatales, en la del Distrito Federal, en las municipales, en las universidades autónomas, etcétera. El conjunto resulta de más o menos tres y medio millones.
Desde su origen, el PRI, como partido de Estado que fue por 71 años, consideró a la burocracia como parte integral de sus efectivos y se negó a hacer diferencia alguna entre empleados públicos y sus militantes, como también se negó a distinguir entre partido, gobierno y régimen. Al inicio, en 1929, se descontaba por nómina una parte del sueldo de la burocracia para enviarlo a las arcas del PRI, que entonces se llamaba PNR. Cuando finalmente se declaró ilegal esa práctica, el partido diseñó otros mecanismos para lograr el mismo fin.
Hasta el final del dominio priísta, ciertas partes de la alta burocracia eran visitadas en sus oficinas por representantes del partido en el poder que, con una copia del sueldo en la mano, exigían una parte del mismo para sostener al partido que había hecho posible la calidad de "servidor público" del contribuyente.
Ahora que el PRI ha...
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