El que llama paga… con sus datos personales

Fecha de publicación02 Mayo 2021
AutorDiegoBadillo
Foto: Cuartoscuro

La entrada en vigor del decreto mediante el cual se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), que obliga a todo aquel ciudadano que quiera tener un teléfono celular a entregar sus datos biométricos, colocó a las personas en una situación de alta vulnerabilidad ante extorsiones o suplantación de su identidad, ya sea porque su celular pueda ser utilizado para cometer delitos en contra de otros individuos, empresas o instituciones o contra su propia persona, familia o patrimonio, plantean especialistas en la materia.

De acuerdo con el artículo 180 del decreto vigente desde el pasado 16 de abril, el PNUTM contendrá, toda la información relacionada con la línea telefónica y el usuario, incluyendo nombre completo, número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población y sus datos biométricos (huellas digitales, rostro, retina, iris, estructura de las venas de la mano o, incluso, la forma de las orejas, la piel y el ADN) aunque el decreto no dice exactamente cuáles.

La iniciativa que se procesó en el Congreso planteó que “dado el uso intensivo y creciente de la telefonía móvil, se hace necesario que el Estado regule su utilización mediante normas que garanticen que este sistema de comunicación únicamente tenga fines lícitos”.

La misma iniciativa recuerda que, en 2009, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, el poder Legislativo aprobó la implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

Lo que no dice es que fracasó y que el Congreso lo extinguió dos años después y tuvo que establecer, en el mismo decreto de extinción, que se establecieran ordenamientos para combatir delitos a través de teléfonos celulares, principalmente secuestros, amenazas y extorsión. La razón: la base de datos fue sustraída y vendida en el mercado negro con todo lo que ello implicó.

Aseguran que es una política de seguridad condenada al fracaso

Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, esa política pública en materia de seguridad, que implica crear nuevo padrón de usuarios de teléfonos celulares será un fracaso total, no contribuirá a disminuir delitos o a generar condiciones de seguridad y, en cambio, pondrá en una situación de riesgo permanente a las personas, dado que incluye el registro de sus datos biométricos y todos aquellos que se utilizan para identificarse.

Para explicar la situación en que colocará a los usuarios que accedan a entregar sus datos personales a cambio de tener servicio, plantea un escenario: imagine usted que a una persona le roban su celular; cuando acude al ministerio público sucede que se termina el turno del funcionario y le piden que regrese al siguiente día para levantar la denuncia. En ese tiempo, quien le robó el celular estará en posesión del aparato con el cual puede cometer delitos como extorsión o suplantar su identidad y cometer delitos.

En ese último caso el problema se incrementará porque, quien sea objeto de un delito con el celular en cuestión...

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