LINOTIPIA / Metrofinanciera y Hacienda

AutorPeniley Ramírez

Esta historia comenzó en septiembre de 2008. Poco después de que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos hundió al país en una recesión económica, el efecto llegó a México y a Metrofinanciera. En ese momento, Metrofinanciera era una empresa que otorgaba créditos para comprar y construir casas y tenía el mayor banco de tierras del país. Después de que acusaron a uno de sus socios de mal manejo de la compañía, los acreedores solicitaron un concurso mercantil.

El socio, Armando Guzmán, fue acusado en 35 casos, desde civiles hasta mercantiles y penales. El gobierno de Estados Unidos le otorgó un asilo político en 2015. Desde entonces, ha seguido litigando sus casos y ha sostenido que se falsificaron documentos de la empresa, para perjudicarla. Uno de los juicios está radicado en Nuevo León. En ese, otra de las empresas de Guzmán, Hipotecaria México, se presentó como acreedora de Metrofinanciera.

Guzmán era dueño originalmente de ambas compañías y después de que perdió Metrofinanciera litigó, entre otros casos, que Hipotecaria México le cobrara a Metrofinanciera por incumplimiento de pagos en un contrato que ambas empresas firmaron en 2007.

¿Por qué nos interesaría leer ahora sobre este asunto? Porque su capítulo más reciente involucra a la actual Secretaría de Hacienda y el dinero del gobierno mexicano.

El 28 de junio de este año, después de un litigio que ha durado una década, un juez en Nuevo León determinó que Metrofinanciera debía pagar 21 mil millones de pesos a su acreedora, Hipotecaria México, la empresa que aún es de Guzmán. El 6 de julio, Metrofinanciera apeló, alegando que el monto estaba mal calculado.

Pidieron que se entrevistara de nuevo a uno de los peritos que revisó el contrato. Esto ocurrió en la primera semana de septiembre. Entonces, Hacienda tomó cartas en el asunto.

Unos días antes de que el juez resolviera la apelación, el 14 de septiembre, la Procuraduría Fiscal de la Federación, como representante jurídica de Hacienda, envió una carta al juzgado como interesado en el caso con la figura jurídica amicus curiae que permite, dice la carta, que "terceros promuevan voluntariamente una opinión técnica" en un litigio.

La carta era inédita hasta ahora.

Hacienda no había litigado el caso, pero es accionista de Metrofinanciera, una de las partes. Algunos especialistas me explicaron que, en un caso así, puede cuestionarse que Hacienda se presente, en este...

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