Línea 10
Vaya clima de concordia el que se respira en la Asamblea Legislativa del DF, gracias a la imperturbable disposición para alcanzar acuerdos de Manuel Granados, Federico Döring, Jesús Sesma, Jaime Ochoa y... los demás.
Ayer, hicieron gala de ello y tomaron dos importantes decisiones.
La primera: asegurar que los asambleístas disfruten del puente de este fin de semana, trasladando el arranque del periodo ordinario al martes 17 y no al domingo, como estaba programado.
La segunda: garantizar que los asambleístas no se vean sacrificados durante la semana santa, por lo que la sesión del Jueves Santo se realizará un día antes.
¡Viva la ingeniería política!
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Quien sepa leer, que no se pierda en las entrelíneas, casi dice el contundente mensajito de Miguel Ángel Mancera.
El cese (disfrazado de renuncia) del secretario de Obras, Alfredo Hernández, deja lo que le sigue de claro que el conflicto de intereses en la administración capitalina, nomás no va encontrar espacio.
Si ya lo había dejado sentir con la salida del ex oficial mayor, Édgar González, ayer lo reiteró.
A ver si ahora lo entienden quienes todavía traen tentaciones.
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Tal parece que el "coco" del Gobierno del Edomex son los derechos humanos.
El 20 de enero, el Congreso aprobó reformas al Artículo 193 del Código Penal para incluir la sanción de cárcel a usuarios de vehículos que circulen sin placas o tarjetón, todo a propuesta del Gobernador Eruviel Ávila.
Un mes después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una controversia constitucional, la cual fue turnada a trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a que eso obliga al Ejecutivo y al Legislativo mexiquenses a dar respuesta a la SCJN, ayer el Secretario General de Gobierno estatal, José Manzur, aseguró que la Administración estatal defenderá la nueva normatividad de la CNDH.
Precisó que, lejos de ser violatoria de los derechos humanos, las reformas se hicieron luego de que detectaron que varios delitos son cometidos a bordo de vehículos sin placas.
El funcionario estatal reconoció que el "detalle" podría estar en que hace falta explicarle a la CNDH la función de la nueva normatividad.
En una de esas y con el cambio de contexto, lo que era una violación a los derechos humanos termina convertido en un golpe al hampa.
Y si no, que recuerden el caso Tlatlaya, donde ocurrió exactamente lo mismo... pero al revés.
demisfuentes @reforma.com
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