Alejandro González Arreola / Claridad y evaluación en el gasto
| Autor | Alejandro González Arreola |
La reforma hacendaria ha sido ampliamente discutida y examinada. Sin embargo, su análisis se ha enfocado en las modificaciones al régimen tributario (IETU, incremento al precio de la gasolina, entre otros) dejando de lado otro aspecto con menor atractivo mediático pero con implicaciones igualmente relevantes para el mejoramiento de la hacienda pública: ¿cuáles son sus previsiones para mejorar la eficiencia, productividad y rendición de cuentas del gasto público?
Este tema es relevante por al menos tres razones. Primero, porque mayor disponibilidad de recursos no necesariamente significa más y mejores soluciones gubernamentales a los problemas públicos. De hecho, durante el sexenio foxista, aun sin reforma fiscal, se obtuvieron ingresos extraordinarios por 398 mil 138 millones de pesos por excedentes petroleros sin que se registraran avances significativos en áreas estratégicas para el país. Segundo, porque reintroduce a la administración pública la noción de que sus políticas y programas existen y se justifican en la medida en la que son capaces de entregar resultados de valor a costos razonables para los ciudadanos. Tercero, porque abre la posibilidad de transitar de una rendición de cuentas gubernamental centrada en la exigencia del uso probo y legal de los recursos públicos, a otra de mayor profundidad y relevancia, centrada en el uso eficiente y productivo del gasto gubernamental.
Virtudes y limitaciones de la reforma
La reforma aprobada contiene importantes avances, pero también graves ausencias y limitaciones. De acuerdo con la experiencia internacional, para incrementar sus posibilidades de éxito, una reforma de este tipo debe asegurar al menos tres aspectos:
1) Establecer un conjunto de arreglos institucionales e incentivos que catalicen la orientación a resultados de las dependencias y programas públicos. Entre otras cosas, esto implica poner en pie un sistema de evaluación del desempeño de los programas públicos que sea políticamente neutro y cuyos resultados informen tanto las asignaciones presupuestales futuras como las medidas de mejora continua de los programas. Esto suele acompañarse también de mecanismos blandos de regulación, como es el caso de los "compromisos de gestión" del gobierno chileno, que comprometen a las dependencias en la obtención de resultados concretos y registrables. La reforma aprobada tiene el acierto de institucionalizar y ampliar un sistema de evaluación del desempeño que ya operaba de facto en el...
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