Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, Federal de Derechos, y de la Comisión Reguladora de Energía, así como del Código Fiscal de la Federación, para modificar el mecanismo para la fijación de tarifas eléctricas por parte de las autoridades federales., de 18 de Octubre de 2012
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, Federal de Derechos, y de la Comisión Reguladora de Energía, así como del Código Fiscal de la Federación, a cargo de Faustino Félix Chávez y suscrita por Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y Flor Ayala Robles Linares, diputados del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Faustino Francisco Félix Chávez, diputado Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinación de Sonora, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación, lo anterior, con el propósito de modificar el mecanismo para la fijación de tarifas eléctricas por parte de las autoridades federales, en consideración a la siguiente Exposición de Motivos
La creación de la Comisión Federal de Electricidad, impulsada por el general Lázaro Cárdenas el 14 de agosto de 1937, abrió expectativas muy importantes que perfilaron el desempeño de ésta, no solo como una empresa generadora de electricidad, sino como una institución de gran trascendencia para el desarrollo del país, toda vez que el Decreto de creación la define como una institución encargada de "organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basados en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales".
A pesar de este y otros decretos en las primeras décadas del siglo XX, se otorgaron al gobierno federal diversas facultades para promover y regular el servicio eléctrico, entre ellas la de determinar las tarifas eléctricas, lo que desde entonces ha generado un conflicto permanente entre el pueblo y los industriales en contra de las compañías eléctricas por las elevadas tarifas que se cobran.
La nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, manifestó: "al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo realizado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos".
El marco jurídico que regula la materia energética, relativa a la eléctrica, se aleja de la realidad social, ya que es la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, integrada y presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Energía, quien acuerda las propuestas de ajuste a las tarifas, las cuales según la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, debe formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del Organismo, sin disponer que deben tomarse en consideración, características geográficas , climáticas, científicas y políticas, que permitan alcanzar los objetivos históricos de la institución.
Actualmente las tarifas eléctricas de uso doméstico resultan sumamente elevadas en relación con el ingreso del grueso de la población, lo que frustra los principios de la nacionalización de la industria eléctrica.
Esto se ve reflejado además, en las constantes manifestaciones de la sociedad civil de estados como Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Tabasco entre otros, por los excesivos cobros por el servicio de energía eléctrica, que han encontrado eco en esta misma soberanía, donde legislatura tras legislatura se emiten constantes exhortos la Comisión Federal de Electricidad y la autoridad federal, para que se revise el tabulador de tarifas vigente.
Es evidente que el Estado no está cumpliendo con los objetivos trazados originalmente, resultando contrario a los intereses de la nación.
Debemos tener en cuenta que en nuestro país, las altas temperaturas afectan a millones de mexicanos, generan un alto consumo de electricidad, e impacta negativamente en el desarrollo de las actividades económicas, se incrementan las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, la salud de los habitantes de las regiones más cálidas de la República que se ven seriamente afectadas, por tal motivo con el propósito de aminorar tales efectos se originan significativos aumentos en los consumos de energía eléctrica durante los meses más cálidos o de temperaturas muy altas.
El suministro de energía eléctrica a la población es considerado como un "servicio público" que está encaminado a satisfacer necesidades básicas de la sociedad y constituye uno de los pilares estratégicos para el funcionamiento del aparato productivo del país.
Por eso, la estructura tarifaria es un factor fundamental para el desarrollo del sector y el objetivo es que la política de precios y tarifas incorpore consideraciones de carácter económico, financiero y productivo social.
Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fija las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que cubran las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía, al igual que los subsidios que hacen que aumente o disminuya este excedente al consumidor; esto ha llevado a conflictos y complicaciones en diversos grupos sociales.
De igual forma, debemos precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fija dichas tarifas basado en consideraciones económicas y no necesariamente reflejan la situación patrimonial y financiera de la compañía, mucho menos de las necesidades de sus usuarios.
Aunado a...
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