De Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras., de 23 de Octubre de 2003
DE LEY PARA LA RESTAURACION Y CONSERVACION DE LAS TIERRAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANTONIO MEJIA HARO Y PASCUAL SIGALA PAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, de la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el contexto de crisis del campo, que ha ocupado la atención de la agenda nacional, ha destacado la urgencia de actuar sobre las causas estructurales de la problemática rural, con un enfoque de largo plazo, para alcanzar una política de Estado que resuelva de manera significativa los problemas de la producción y supere la inaceptable condición de la calidad de vida de la población, donde se encuentra la mayor proporción de pobres, la pobreza extrema y marginalidad lacerante.
De entre los principales aspectos de la situación actual del campo, está la degradación de los recursos naturales, que afecta radicalmente a la productividad, con sus consecuentes efectos en la problemática socioeconómica y la soberanía alimentaria del país, a la vez que repercute en intereses nacionales estratégicos de conservación de los servicios ambientales, provisión del agua en calidad y cantidad y la diversidad biológica.
En México, la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones que ubican a esos procesos como materia de seguridad nacional, por las implicaciones que conllevan y por el riesgo de pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de estos problemas con carácter urgente y prioritario.
México, en sus 196 millones de hectáreas, cuenta con riquezas naturales extraordinarias que presentan severos daños:
Las tierras están degradadas en un 64%, principalmente por erosión hídrica y eólica, pero sufren también pérdida de nutrimentos, materia orgánica, y organismos microscópicos del suelo, así como compactación, acidificación, y otros procesos. Una superficie de 22 millones de hectáreas de tierras frágiles no aptas para la agricultura y la ganadería soportan actividades de productividad marginal que aceleran la degradación. Estos procesos provocan la reducción de la capacidad de las tierras para captar agua de lluvia en órdenes de magnitud de 40 a 60%, por lo que la degradación de las tierras agrícolas y de pastoreo, al igual que las forestales, es determinante en el mal desempeño de las cuencas hidrográficas.
En particular, es preocupante la pérdida de utilidad agrícola de unas 10,000 hectáreas anuales de las mejores tierras irrigadas por causa de la acumulación de sales, lo que ha sumado ya una superficie de 425,000 hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.
A un ritmo calculado entre 0.9 y 1.6% anual, la deforestación afecta alrededor de 600,000 hectáreas anuales. Se han perdido el 30% de los bosques y selvas existentes en 1960, ante lo cual, con un esfuerzo enorme, solamente se han reforestado 200 mil hectáreas anuales en los últimos dos años y las plantaciones comerciales son incipientes.
Entre las principales causas inmediatas de la deforestación están: el cambio de utilización de las tierras para fines agropecuarios, promovidas por factores como la dinámica económica y la dinámica de crecimiento poblacional en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que ejercen presiones por medio del costo de oportunidad, al no existir una valoración de los servicios ambientales de los recursos naturales y la biodiversidad; el narcotráfico; la aplicación de esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos; así como los incendios, que afectan anualmente un promedio de 276 mil hectáreas (calculado para el periodo de 1991 a 1998), de las cuales el 34% son arboladas y alrededor de una quinta parte de las ellas resultan dañadas letalmente.
La reducción de las superficies arboladas, de su densidad y continuidad, ponen en peligro las especies de flora y fauna que son uno de los activos estratégicos de México. El 3.6% de las especies nativas de México son raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y la tasa de extinción es de 5.6 especies por año, de acuerdo con cálculos de la Conabio hasta el año de 1995.
La pérdida de capital natural tiene costos inaceptables e imposibles de sufragar por México. El Banco de México estima que solamente por reducción directa en la rentabilidad, la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de los 40,000 millones de pesos anuales mientras que el costo agregado, incluyendo el agotamiento de recursos, es del orden del 10.6% del Producto Interno Bruto.
Las pérdidas por desastres llamados "naturales", magnificados o provocados por las acciones del hombre, se estiman en magnitudes de cientos de miles de millones de pesos. Si bien dichos fenómenos no son evitables en el corto plazo, sí pueden ser mitigados sus efectos por medio de la conservación y mejoramiento de las tierras.
Los procesos de deterioro ambiental no son consecuencia inevitable del desarrollo, sino la secuela de procesos de desarrollo insustentable. Por ejemplo, detrás de la deforestación está la acumulación de la explotación maderera con criterios extractivos y con escasa o nula participación de las comunidades propietarias de los recursos, así como la presión de poblaciones campesinas crecientes sin oportunidades económicas alternativas; en el origen de la erosión está la deforestación en tierras preferentemente forestales, el sobrepastoreo de predios mal atendidos o prácticas de roturación inadecuadas. Atender esta problemática constituye un reclamo social creciente, ya que el daño económico que provoca es muy superior al costo de su prevención.
La atención al problema de la degradación de las tierras ha seguido un enfoque principalmente orientado a la restauración, a partir de la instauración de los programas de conservación de agua y suelo, introducidos de la tradición conservacionista de la agricultura estadounidense a través de la Fundación Rockefeller y el establecimiento de la llamada Revolución Verde. Estos lineamientos fueron plasmados en la legislación aprobada en 1946.
El enfoque de restauración implica cuantiosas inversiones con escasos resultados, mientras que las causas del mal manejo de las tierras subsisten, por lo que es necesario hacer énfasis en un nuevo acento en la transformación de las prácticas de manejo de las tierras en el proceso productivo, por tecnologías que tomen en cuenta la conservación e incremento de la productividad, lo que no solamente ha demostrado ser posible, sino también conveniente al productor.
Se trata, pues, de alentar el manejo sustentable de las tierras para generalizar las experiencias exitosas que dan testimonio de la viabilidad de una mejoría demostrada de manera práctica.
En este sentido, es conveniente llamar la atención hacia casos en toda clase de condiciones climáticas, edáficas y socioeconómicas en donde bajas inversiones para cambiar de enfoques tecnológicos, a la vez que arreglos institucionales y concertación social para la gobernabilidad de los recursos de propiedad común, han dado alentadores resultados, como la elevación sustancial de la productividad y reducción de costos con la aplicación de labranza de conservación o el empleo de cultivos leguminosos de cobertura; la contribución a la solución de graves problemas ambientales y sociales mediante el empleo de cercos vivos para proteger los cultivos y suministrar a la vez combustible para uso doméstico; el incremento significativo de la cosecha de becerros en ganadería extensiva de zonas secas al ordenar el uso de los potreros y la carga animal, o la recuperación de terrenos salinizados de regadío, entre otros muchos ejemplos.
Estudios recientes sobre las agriculturas en América Latina muestran situaciones semejantes y remiten a causas estructurales en donde la dispersión de políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras y sus funestas consecuencias.
Ante esta problemática, se ha considerado, ya desde las consultas para la formulación del plan de trabajo de la naciente Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la urgencia del viraje en las políticas en la materia, hacia un enfoque preventivo a través de la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo, en este caso, del desarrollo rural. En esa ocasión, de hecho, se planteó la necesidad de revisar y poner en efecto la mencionada Ley de 1946.
En el seno del Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos, que operó durante el periodo de vigencia de la Semarnap, fue procesado un proyecto de nueva Ley, que sustituyera el texto legislativo ya referido; sin embargo, otros proyectos legislativos fueron considerados prioritarios en ese tiempo, por lo que el tema no alcanzó a ser abordado en un proyecto legislativo mientras que, en ese transcurso, fue derogada la Ley de 1946, sin ser sustituida y dejando así un vacío legislativo que no han llenado la Ley ambiental ni otras disposiciones jurídicas posteriores.
No obstante, en diciembre de 1999 fue presentada ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, misma que fue turnada a la entonces Comisión de Ecología y tuvo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba