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La ley que no era

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AutorJorge Alcocer V.

La Ley para la Reforma del Estado, que concluirá su vigencia el 13 de abril, motivó, al momento de su presentación y posterior aprobación, una larga cauda de críticas a la par que un generalizado escepticismo sobre sus potenciales resultados. "Una ley que no lo es", dijeron muchos; de "aberración constitucional" la tildaron otros; "plataforma de proyección para su autor", acusaron los futuristas.

A la luz de sus resultados, la ley promovida por el senador Manlio Fabio Beltrones entrega en el balance final dos reformas constitucionales de singular importancia. La primera fue en materia electoral, calificada por especialistas como la de mayor calado desde la de 1977; la segunda en materia de justicia penal, todavía en curso en los congresos estatales. Para el ambiente de confrontación y escepticismo que privaba al momento de su expedición no es poca cosa. Reveladora es la paradoja que de sus defectos surja el minoritario reclamo de prolongar su vigencia, pues gracias a ella los grupos y partidos de menor peso político y electoral adquirieron una importancia que nunca antes se les había concedido en la arena del Congreso de la Unión.

Quizá el mayor mérito que deba acreditarse a esa singular ley sea el haber dado marco para romper la parálisis derivada de la confrontación postelectoral de 2006; que todos los partidos hayan asumido y aceptado la necesidad de establecer reglas mínimas para hacer posible el diálogo entre los Poderes de la Unión, sin exclusión ni vetos, para de ahí colocar la reforma electoral en el lugar número uno de la agenda, fueron hechos que confirmaron el valor de la iniciativa impulsada por el coordinador de los senadores del PRI.

Que otras reformas hayan quedado en la lista de buenas intenciones obedece más a la inveterada tradición de colmar la agenda legislativa con ocurrencias sin ton ni son que a los defectos -reales o supuestos- de la ley. Salvo delirios veraniegos, nadie tomó en serio la pretensión de que la ley permitía a su órgano ejecutor (la llamada CENCA) erigirse en una especie de poder fundacional de la República, facultado para modificar el régimen político instaurando un sistema diferente al que establece nuestra Constitución.

El mayor defecto de la ley, sobre todo de su estrambótico reglamento, fue haber dado pie a la pretensión de igualar lo que la...

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