Ley General de Comunicación Social, inconstitucional
| Fecha de publicación | 17 Febrero 2023 |
Por Jorge Bravo
La Ley General de Comunicación Social, que aprobó la mayoría morenista en el Congreso de la Unión —sin el debido proceso legislativo, sin debate parlamentario y como parte del paquete del Plan B electoral—, es inconstitucional y es una trampa.
La mencionada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, no sólo transgrede el espíritu de la Carta Magna, también su letra.
Impacta negativamente a la federación, estados, municipios y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), a los cuales denomina “entes públicos”.
La nueva Ley General de Comunicación Social (LGCS) retrocede y tolera etapas superadas por el pacto político que significó la reforma electoral de 2007, cuando los gobernantes hacían una promoción personalizada que rompía la equidad de la contienda.
En concreto, la norma impulsada por la Cuarta Transformación violenta el artículo 134 constitucional.
La Carta Magna señala que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Este fragmento del artículo 134 constitucional reformado en 2007 buscó remediar la campaña permanente del entonces presidente Vicente Fox, quien intervino durante el proceso electoral con mensajes y propaganda, poniendo en riesgo la elección de 2006 y la equidad de la contienda.
Las fuerzas políticas y los partidos (algunos de los cuales hoy militan en Morena) estuvieron de acuerdo en limitar la promoción personalizada de los servidores públicos y aprobaron por consenso la reforma electoral de 2007.
Pero la nueva LGCS de la 4T contraviene y destruye ese pacto político partidista.
El nuevo artículo 3 Bis de la LGCS del presidente López Obrador permite que los entes públicos difundan información, entre otras, sobre la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales; aspectos relevantes de las políticas públicas, rendición de cuentas y un amplio catálogo de acciones, todo ello con cargo al presupuesto público.
El aspecto más controversial e inconstitucional de la nueva Ley General de Comunicación Social tiene que ver con lo que no define como...
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