Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos., de 17 de Septiembre de 2014
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
De conformidad con la iniciativa de reforma constitucional presentada por el suscrito al inicio del presente periodo legislativo, en materia de asentamientos humanos y construcción de vivienda y de obras infraestructura, la presente forma parte de la serie de iniciativas que buscan reglamentar dicha reforma, a través de la modificación al marco legal secundario correspondiente.
En esta ocasión, la presente iniciativa versa sobre una propuesta de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual parte del reconocimiento fáctico de que ésta ha sido superada por la magnitud de los fenómenos naturales o porque ha carecido de dientes para hacer frente a la corrupción y/o a la violación sistemática de sus normas. Derivado de ello, se hace necesario responder a los retos político-administrativos, así como a la dinámica de corrupción imperante, a efecto de lograr que cumpla con su objetivo de normar la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, en el marco de los riesgos que, cada vez con más fuerza, imponen los fenómenos meteorológicos.
Argumentación
El concepto de asentamientos humanos se halla definido por la dimensión espacial, es decir, por el modo en el que se asienta una población en un determinado territorio.
Si bien en México en 1976 (poco después de la Conferencia Internacional sobre Asentamientos Humanos, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Vancouver, Canadá), muy inesperadamente, se estableció la Ley General de Asentamientos Humanos, a iniciativa del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y sancionada por el Congreso de la Unión como la norma jurídica de mayor nivel y trascendencia en la materia, a nivel nacional y con alcance federal; muy lamentable y decepcionantemente, tanto la creación y el desarrollo, como el control y la funcionalidad o eficiencia de los asentamientos humanos mexicanos no ha sido de la calidad requerida. Algunos ejemplos de ello van desde la expansión de las ciudades de México y Acapulco, hasta Cancún o la recién creada Riviera Cancún, pasando por Monterrey, Ciudad Netzahualcóyotl y las diversas poblaciones de tamaño considerable asentadas en las orillas de ríos, playas y laderas, en distintos estados de la república.
El Diagnóstico nacional de los asentamientos humanos ante el riesgo de desastres 2010, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), revela que cada año 250 mil terrenos se incorporan al suelo urbano de forma irregular y que 90 mil hogares se asientan en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Dicha expansión irregular de los asentamientos humanos ha sido impulsada por la falta de planeación, el crecimiento de la población y la pobreza.
El Diagnóstico Nacional indica también que 60 por ciento de la demanda a la incorporación de uso de suelo urbano es para asentamientos irregulares e, incluso, cerca de 90 millones de personas residen en zonas de riesgo ante diferentes desastres de origen natural. De esta cantidad, 70 por ciento vive en zonas urbanas, 20.5 por ciento en lugares rurales y 9.5 por ciento en sectores semiurbanos.
En cuanto a daños materiales, dicho reporte señala que, entre 1980 y 2006, se perdieron más de 347 mil viviendas, dos millones quedaron con afectaciones parciales y 52.7 millones de hectáreas se desaprovecharon. Mientras que, entre 2001 y 2007, se afectaron más de 13 mil escuelas y 111 mil 481 kilómetros de carreteras y caminos.
En lo que se refiere al aspecto humano, entre 1980 y 2006, destaca que se registraron 65 mil muertos y más de 200 mil personas desaparecidas, más de 5 millones de habitantes resultaron con alguna lesión o contrajeron alguna enfermedad, alrededor de 4 millones de personas tuvieron que ser evacuadas, 12.3 millones fueron damnificadas y, en suma, que 45 millones resultaron afectadas por algún tipo de fenómeno natural.
El propio titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, consciente de esta situación, ha incluso detallado que 68 por ciento de la vivienda se edifica de manera irregular y suele contar con el aval de autoridades. Son pocos los estados [que penalizan la figura de la invasión de predios y aún menos] los que llevan a los tribunales a quienes promueven las invasiones, ha señalado dicho funcionario1 .
De igual forma, el informe presenta la lista de municipios que tienen un mayor riesgo de sufrir afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos. Así, Veracruz se ubica en primer lugar con 69 municipios; le siguen Oaxaca, con 61 localidades; Chiapas, con 55 territorios; Guerrero, con 33; y Michoacán, con 14. Como se observa, gran parte de estos municipios, no sólo enfrentan los riegos propios de su orografía, hidrografía y situación geográfica, sino también aquéllos derivados de la pobreza, la marginación, la tala desmedida de bosques, la deforestación y la presión urbana. Estos últimos auspiciados por prácticas político-administrativas ilegales o corruptas.
En este contexto, el alto nivel de corrupción asociada a los negocios que, violando los...
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