Legalidad vs. Justicia
| Autor | Lic. Octavio Ruiz Martínez |
| Cargo | Director General |
| Páginas | 1-1 |
Legalidad vs. Justicia
a producción normativa debe encaminarse a reforzar valores como justicia e igualdad, a
promover los derechos fundamentales y a tutelar especialmente los derechos sociales y
políticos, como requisitos imprescindibles para que se mantenga un equilibrio entre la
sociedad. Precarizar conceptos como los mencionados y aquellos que les sean consubs-
tanciales, significa introducir elementos de tensión que pueden encaminar al cuerpo
colectivo a formas no deseadas de expresión y liberación.
Las circunstancias nacionales no resultan óptimas para la introducción de ingre-
dientes propicios a la confusión, pero las eventualidades particulares de Veracruz son
un camino minado que fácilmente cascaja el deseable e imprescindible concurso de los
sectores y lo convierte en percutor listo para la activación. La enorme deuda pública es un agente de tirantez entre
el abastecedor principal de recursos, que es el Estado, y los agentes productivos, sean estos subordinados suyos,
beneficiarios, pensionarios o proveedores de bienes y servicios para la función burocrática, pero unos y otros
impactan en la vida económica de todos.
En un escenario de tales condiciones, es una cláusula inexcusable en el contrato social que el gobierno apli-
que las mejores técnicas de la alta política, para compensar con hiperestesia el golpe económico que padece el
pueblo, por las razones que sean. Abundar en la presión hacia los gobernados con acciones arrebatadas, endurece
la rigidez y podría conducir a conductas indeseables, como producto de la desesperación.
Infortunadamente, el Poder Legislativo veracruzano parece haber abdicado de su facultad para hacer leyes
en conciencia, y el Ejecutivo del suyo para enviar iniciativas sensibles. Las reacciones a las últimas disposiciones
normativas así lo confirman. Fue rechazada la Ley del Instituto de Pensiones del Estado; los dueños de Centros
de Verificación Vehicular repudian la ley que los moderniza; los hoteleros se dicen agraviados por dictamina-
ciones presupuestales; automovilistas y peatones no acaban de sorprenderse por un Reglamento totalmente
desbocado; partidos de oposición y activistas ven con sobresalto como se atajan las candidaturas independientes
en el nuevo Código Electoral…
Por si lo anterior fuera poco, el sistema educativo de nivel medio superior y superior está siendo trastocado
por una entidad que se ostenta como pública, pero que en realidad es privada, que compite deslealmente con
las escuelas particulares, carece de calidad en sus programas, atropella derechos laborales de sus trabajadores
y defrauda a miles de incautos estudiantes que confían en ella. Esta es la denominada Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV), cuyos perjuicios contra la educación ya están siendo visibles en el rechazo
empresarial a sus egresados.
Hay una evidente disociación gobierno-gobernados, que es lo que concita el rechazo. Hay una tendencia oficial
a vincular la legalidad exclusivamente con el poder, por lo que se dan procesos legislativos autónomos, carentes
de referencia a los derechos fundamentales, sociales, políticos y económicos. La legislación básica se aprueba al
margen de la Constitución Mexicana, de los Tratados Internacionales y de la doctrina de los derechos humanos.
De esta manera, los sectores sociales, pero especialmente nuestro gremio de los abogados, debe señalar aque-
llas prácticas que se amparan en la legalidad pero carecen de legitimación. Ninguna gestión de crisis es pretexto
para que se produzcan recortes en los derechos sociales a la educación, a la salud y a la subsistencia. Ni que la
precarización de estos arrastre a los derechos civiles, políticos y económicos.
La legalidad debe evitar el peor síntoma de la democracia, que es abatir los derechos de los sectores exclui-
dos, ubicándolos al margen de un sistema de representación que debe protegerlos, no increm entar más la
brecha de desigualdad entre pobres y ricos.
Lic. Octavio Ruiz Martínez / Director General
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EDITORIAL
JULIO 2015
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