Lanzan reforma electoral
| Autor | Guadalupe Irízar y Alejandro Salas |
Senadores del PRI, PAN y PRD presentaron ayer una propuesta de reforma electoral que implica la modificación de los artículos 41 y 116 de la Constitución y cambios en 28 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y otras leyes financieras secundarias.
Con la propuesta de reforma, traducida en dos iniciativas separadas -una para la Constitución y otra para el Cofipe- pero con la misma exposición de motivos, los legisladores buscan reducir en un 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos en año de elecciones federales intermedias, aumentar las atribuciones del IFE en materia de fiscalización, y modificar la fórmula del financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticas nacionales.
La fórmula propuesta implica reducir del 30 por ciento del financiamiento público que se distribuye de manera igualitaria, al 20 por ciento; y aumentar del 70 por ciento que se distribuye de manera proporcional según la votación para cada partido, al 80 por ciento.
Asimismo, se propone que las agrupaciones políticas nacionales y los partidos políticos de nuevo registro reciban como financiamiento público sólo el 1 por ciento del monto total destinado a todos los partidos, en lugar del 2 por ciento que actualmente les otorga el Cofipe.
Con estas modificaciones se incidirá de manera directa en el sistema de partidos y en la equidad en la competencia electoral, que fueron dos de las razones que en 1996 sirvieron de base para la reforma electoral de ese año.
Asimismo, los legisladores proponen modificar el sistema de coaliciones electorales, para que los partidos políticos que contiendan en común, tengan un registro diferenciado en las boletas y la autoridad electoral conozca si directamente obtuvieron el 2 por ciento de votos necesario para conservar el registro nacional.
Por primera vez se propone que tanto agrupaciones políticas nacionales como partidos políticos hagan anualmente un inventario de sus bienes muebles e inmuebles adquiridos con el financiamiento público, que pasarán a ser parte del patrimonio nacional en caso de que pierdan el registro.
Se propone como mecanismo de control de las agrupaciones políticas nacionales la obligación de acreditar cada tres años una lista actualizada de sus miembros ante el Consejo General del IFE; de no hacerlo podrían perder el registro.
En el caso de los partidos políticos que solicitan por primera vez su registro, se establece como requisito que en las asambleas que realicen estén presentes dos funcionarios del IFE para que certifiquen su celebración, además del juez o los fedatarios públicos.
En materia de fiscalización, otro de los ejes de la reforma propuesta es aumentar las atribuciones del IFE para que pueda tener acceso a información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para verificar operaciones bancarias y...
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