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Justicia electoral: estabilizar la democracia

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Vincent

(Embargada para sitios en internet hasta las 24:00 horas locales)María del Carmen Alanís figueroaPresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónColaboración especialLa justicia electoral mexicana pasa por un momento de nuevas definiciones y proyecciones. Su marco normativo, tanto como su propia institución rectora y el entorno en que se imparte, experimentan transformaciones fundamentales.El curso de los procesos electorales sigue siendo central en la consolidación de la normalidad democrática del país: las elecciones son la fuente de legitimidad para integrar los poderes públicos y dar cauce a los diferendos políticos propios de toda sociedad diversa y, más aún, desigual como la nuestra.Pero esa vía electoral no ha estado ajena a las mutaciones que ha experimentado el proceso de cambio político. Cuando fue necesario abrir paso a la pluralidad y sus gobiernos compartidos, la norma electoral dispuso condiciones para la competencia y un entramado institucional que la hiciera posible. Hoy, ese centro de gravedad se desplaza desde la organización hacia la validación de las elecciones: el ámbito de la justicia electoral.De ello han dado cuenta las sucesivas reformas electorales de las últimas dos décadas. La del 2007-2008 no fue la excepción. En el ámbito de la justicia electoral, por ejemplo, están las facultades que son reconocidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para el control de constitucionalidad de leyes electorales en casos concretos, así como otros de apariencia más administrativa, como la permanencia de sus Salas Regionales y la adopción de la carrera judicial.Paralelamente, el Tribunal ha generado una importante producción jurisprudencial que ha permitido dar profundidad y detalle a la aplicación de la norma reformada. Tan sólo durante el último año, la Sala Superior emitió 24 tesis y 50 criterios de jurisprudencia, el registro más alto de los últimos cuatro años.Para contribuir de mejor manera al nuevo entorno, la administración del Tribunal se ha modernizado para alinear sus programas, presupuestos y acciones en torno a objetivos estratégicos de largo aliento: a) fortalecer la función jurisdiccional, b) consolidar la confianza ciudadana y c) asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo. Ello, aunado a una estrategia de racionalidad en el uso de los recursos, ha permitido que nuevamente presente requerimientos presupuestales similares a los del año previo, no...

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