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Julia Carabias / Minería y naturaleza

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Vincent
AutorJulia Carabias

El derrame de sustancias químicas peligrosas en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, es una tragedia. Los daños ambientales y sociales descritos ampliamente por especialistas y la cobertura que han dado los medios de comunicación dan fe de su magnitud. Miles de personas, habitantes de la cuenca, están siendo severamente afectadas. La contaminación permanecerá mucho tiempo y, aun cuando la calidad físico-química del agua se recuperara, algunos de los daños ocasionados en la flora y fauna de los ríos serán irreversibles. Las autoridades no pueden más que actuar con extremo rigor y energía y aplicar un castigo ejemplar. Se requieren medidas eficaces de atención a la emergencia y de remediación, además de multas y clausuras, entre muchas otras acciones.

Este dramático episodio, que puso nuevamente de manifiesto las enormes tensiones sociales y ambientales provocadas por el desmesurado -y fomentado- crecimiento de la actividad minera en nuestro país, no debe limitarse a la atención de la coyuntura. Es el momento para hacer un alto y reflexionar profundamente, gobierno y sociedad, sobre las consecuencias de la falta de una política pública minera nacional; en realidad, la política minera ha sido la no política y el dejar hacer.

En efecto, a partir de la recuperación de los precios de la minería metálica ocurrida en la primera década de este siglo, se reactivó un modelo extractivista de desarrollo, a la vieja usanza, sin ninguna planificación. El subsuelo del país se ha concesionado poco a poco, en particular en la última década, sin respetar siquiera las áreas naturales protegidas y prioritarias por su biodiversidad y servicios ambientales. Las exorbitantes ganancias, que benefician sólo a unos pocos, se logran porque no se invierte en tecnología, ni en el bienestar de las poblaciones humanas. Las migajas que las empresas entregan a las comunidades no compensan el deterioro de sus tierras y de su salud. Los enfrentamientos entre las comunidades dueñas de la tierra y los concesionarios de las mineras se acrecientan. Las manifestaciones de impacto ambiental son un mero trámite y no un instrumento preventivo de las contingencias. Predomina la retrógrada visión de que el daño ambiental es el costo del desarrollo.

Los abundantes y diversos recursos minerales de México pueden constituir una contribución al desarrollo...

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