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Juan E. Pardinas / Tres agravios y un amparo

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Vincent
AutorJuan E. Pardinas

Todos los periódicos y noticieros tienen equipos de reporteros asignados para cubrir los distintos manantiales de información: la fuente de Presidencia, la legislativa o la de ciudad. Con frecuencia creo que debería de haber un reportero asignado a cubrir el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este periódico, los tres poderes de la Unión publican leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y otros documentos de insufrible lectura. Sin embargo, a pesar de su prosa árida, en el DOF hay más goles que en la sección de deportes, más rudeza que en la sección policial y más obscenidades que en una columna de albures.

Justo en este periódico, el 5 de diciembre de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón publicó una generosa ofrenda fiscal para gobernadores y presidentes municipales. Gracias a este obsequio, envuelto en papel de decreto, las autoridades estatales y los ayuntamientos no recibirían el trato de vulgares contribuyentes cautivos, sino que serían ascendidos a una casta VIP. Desde su nueva condición de superioridad, las autoridades locales no tendrían que molestarse con esa monserga periódica que implica cumplir con sus obligaciones tributarias.

Un mediano empresario, que acaba de vender su compañía, me decía esta semana: "Me liberé al vender el negocio, ya no tengo que sufrir insomnios por el dilema de pagar nómina o pagar impuestos". Gracias al regalo de Calderón, muchos gobernadores y ediles no tuvieron que padecer esta angustiosa disyuntiva. Entre 2009 y 2011, las entidades que suscribieran convenios con Hacienda podrían recibir deducciones del 60 al 10%, por el ISR que generan sus trabajadores y ellos deben entregar al SAT como empleadores. Los gobernadores y alcaldes obtuvieron licencia para embolsarse los impuestos de sus empleados. Esto constituye la materia prima del primer agravio.

La segunda ofensa es la falta de transparencia sobre el negocio de las exenciones fiscales. Hasta el día de hoy los convenios firmados entre SHCP y los gobiernos locales no son públicos, por lo cual es imposible saber quiénes aprovecharon la generosidad de aquel decreto presidencial. El SAT reportó que hay...

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