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Juan Pardinas / Luces y sombras

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Vincent
AutorJuan Pardinas

El avance de la transparencia del gobierno en nuestro país es una historia que mezcla luces y sombras. Si nos comparamos con el México del siglo XX, los progresos son notables. La cifra exacta de muertos en el terremoto de 1985 fue clasificada como secreto de Estado. El salario del presidente de la República fue información confidencial hasta el sexenio de Ernesto Zedillo. Las reservas de dólares del Banco de México se hacían públicas con la periodicidad que impone el de vez en cuando. Un gobernador estatal no tenía idea del tamaño del presupuesto de su entidad para el año entrante. Hoy, el gobierno no trataría de maquillar los decesos de un terremoto. Tenemos claros los salarios y bonos del primer mandatario. Las reservas del Banco Central se difunden semanalmente y los gobernadores tienen bastante certidumbre sobre las transferencias federales. Éstos son los argumentos para ver el vaso medio lleno.

Sin embargo, en los tres niveles de gobierno todavía hace falta avanzar mucho en la transparencia de las finanzas públicas. Hay subsidios federales que se entregan sin saber a quién. La mayoría de los estados no tiene un padrón completo de los maestros de escuelas públicas. La situación de los sistemas de pensiones estatales se guarda en un archivo con doble llave y los municipios se gobiernan en un régimen de opacidad.

En este contexto de claros y obscuros, resultan una buena noticia algunas de las exigencias de transparencia que se han incorporado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por ejemplo, en el artículo 6 se establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá informar sobre los subsidios otorgados a los consumidores, según las distintas tarifas eléctricas. En el artículo 8 se sostiene que las entidades federativas, los municipios y delegaciones informarán trimestralmente sobre el ejercicio de los recursos federales. El presupuesto también contiene una provisión para prevenir el jineteo de la lana federal que los estados y el Distrito Federal deben transferir a los municipios y delegaciones. En el artículo 9 se afirma que a más tardar el 31 de enero se deben...

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