Juan E. Pardinas / Contenido nacional

AutorJuan E. Pardinas

Las mejores intenciones se pueden convertir en el material para construir las peores pesadillas. La iniciativa presidencial en materia de hidrocarburos establecía que el contenido nacional en la industria energética debería elevarse gradualmente hasta llegar a un mínimo de 25% en el año 2025. El Senado enmendó la propuesta presidencial para que el contenido nacional arranque en 25% y vaya creciendo paulatinamente hasta llegar a 35%. El espíritu detrás de esta estrategia es que la riqueza de los hidrocarburos se debe aprovechar no sólo para multiplicar las rentas del Estado, sino también para incrementar las capacidades del sector privado nacional.

¿Quién se puede oponer a una causa tan noble que lleva a la nación en su apellido? Por lo pronto, yo. La Ley de Hidrocarburos debería modificar el concepto de "contenido nacional" por el de "contenido del sector privado local". Así, cualquier cuestionamiento a la propuesta, no suena como una intriga sospechosa en contra de la patria.

La mejor manera de defender los intereses de México es garantizar el abastecimiento de energía barata para la industria y los hogares. De cada peso exportado por nuestro país sólo 60 centavos corresponden al valor de insumos producidos en México. Los 40 centavos restantes provienen de partes y servicios importados de otros países. Una de las rutas para despabilar el crecimiento económico es aumentar el valor agregado local de todas nuestras exportaciones. El abasto suficiente y económico de electricidad y combustibles es fundamental para lograr este objetivo. Las reglas de contenido nacional incluidas en la Ley de Hidrocarburos son un impuesto sobre los precios de la energía que pagaremos en el futuro. Este impuesto será transferido no al gobierno, sino a los industriales mexicanos que deberán fundar el sector privado energético.

La Secretaría de Economía tendrá la incómoda tarea de certificar el origen patrio de los bienes y servicios que integrarán los futuros contratos entre el Estado mexicano y las empresas prestadoras de servicios. Si los funcionarios de Economía encuentran que una empresa no cumple con la...

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