Juan Ciudadano/ El derecho de sospechar
| Autor | Juan Ciudadano |
Los crímenes de Estado en México son un asunto para los historiadores, así se trate de la matanza del 68 o el Fobaproa.
Los ciudadanos recibimos -muy tarde- pedazos de información que no sirven para impartir justicia.
Este es el caso del crimen financiero más grande e irritante que hemos vivido los mexicanos: el rescate bancario. Tuvieron que pasar varios años para que pudiéramos acceder, a pesar de la resistencia del Gobierno, a una lista, tan limitada como errática, de empresas supuestamente implicadas en este desfalco que pagamos los contribuyentes mexicanos.
La alusión al Fobaproa viene al caso porque en las últimas semanas los estadounidenses se han abocado a investigar la quiebra de Enron, una empresa privada en la que pudiera (subrayo, "pudiera") haber alguna responsabilidad por parte de funcionarios públicos de primer nivel.
Si bien se trata de la bancarrota de un negocio privado, la magnitud de la misma, el hecho de que un número importante de directivos haya aprovechado información privilegiada para vender a tiempo sus acciones y la cercanía de Bush y sus principales colaboradores con la empresa, han convertido el asunto en uno del mayor interés público.
Hasta la fecha, no hay ni una sola prueba de culpabilidad por parte de algún servidor público, pero la sospecha de posibles manejos turbios por parte del Presidente o su equipo es suficiente para encuerar, literalmente, a la Administración Bush.
Las aportaciones -legales- de directivos de Enron a las campañas políticas de Bush y de algunos de sus colaboradores es suficiente para que los malpensados quieran conocer todo lo que ha habido entre Enron y el Gobierno en los últimos años.
Los malpensados están en su derecho. Sospechar es un derecho ciudadano.
El marco jurídico norteamericano va mucho más allá de nuestra limitada "transparencia para historiadores". La ley de aquel país está diseñada para encontrar a los culpables a tiempo y, en la medida de lo posible, hacerlos pagar por el daño causado.
Igualmente llama la atención que la posibilidad de investigar a fondo no sea exclusiva del Poder Judicial o de una comisión del Congreso, sino también de la misma sociedad: de los afectados por la quiebra, de los inversionistas, de los periodistas, de los analistas financieros.
Todos estos actores sociales investigan con la certeza de que, si solicitan documentos, éstos tendrán que ser facilitados. Saben que si buscan, encontrarán.
En tan sólo unos días, ha salido a la luz pública cuánto...
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