Juan Ciudadano/ Hasta el 2026
| Autor | Juan Ciudadano |
Es innegable que existe una discusión nacional en torno al derecho de cada mexicano a conocer cómo se manejan los asuntos que nos competen a todos.
La semana que terminó es ejemplo vivo de que México se mueve.
Ciertamente, por cada paso hacia delante, hay dos laterales. Sin embargo, el hecho de que el derecho a la información sea inobjetablemente un tema de la agenda nacional es un adelanto importante.
¿De qué depende que avancemos con mayor velocidad? De la presión que seamos capaces de ejercer para desmantelar la cultura del sigilo.
El dedo en la llaga. "No puede estar en manos del Ejecutivo federal determinar qué sí se informa y qué no se informa. Esto tiene que ser una ley, una reglamentación, una disposición jurídica... que se le imponga al Ejecutivo", sentenció el Senador Javier Corral el miércoles.
Corral pone el dedo en la llaga al resaltar el carácter formal que se le debe imprimir a la obligación de la
autoridad de informar.
Si la transparencia ha de ser una de las características de nuestro régimen democrático, la obligación de informar de cada servidor público debe ser parte de su deber. No se puede dejar a la buena voluntad de quien está en el poder.
La mejor muestra de esto la vivimos también en esta semana que terminó.
El Contralor del País, Secretario de Estado y ex Gobernador Francisco Barrio, actuando con el apoyo del Presidente de la República, no pudo sacarle información a sus colegas Secretarios.
En su bien intencionado objetivo, Pancho Barrio les pidió a sus colegas que ellos mismos elaboraran una lista de cuáles son las áreas más oscuras de sus diferentes dependencias.
Quizá como era de esperarse, y como el mismo Contralor de la Nación admite, los Secretarios "se hicieron locos" y no entregaron las mentadas listas negras.
¿Por qué? Porque no tienen la obligación formal de hacerlo.
Es un comportamiento perfectamente racional: para todo burócrata vale más una cordial regañada de Pancho Barrio, que tener a la Contraloría husmeando entre SUS papeles.
Bajo estas reglas es acertado el diagnóstico presentado en Los Pinos: hay que sentarse a esperar hasta el 2026... si bien nos va.
La propuesta del legislador Corral da en el clavo: castigo al funcionario que no entregue la información a su dueño original, que es el ciudadano.
Plan anticorrupción. A nuestros gobernantes les hace falta sentido de la eficacia.
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