José Woldenberg / Dormir y estar alerta
| Autor | José Woldenberg |
El 22 de abril, en una conferencia de prensa, el INE informó que la lista nominal de electores había estado expuesta al público a través de una plataforma de la empresa Amazon. De manera inmediata el INE denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales e inició "un procedimiento ante instancias internas".
Si usted le dice al velador "duerma y vigile", seguramente éste lo verá con ojos de plato y traspirará nerviosismo. Una indicación contradictoria no se puede consumar cabalmente. O lo uno o lo otro, pero no ambas cosas. Ahora bien, si disposiciones similares se encuentran en la ley, peor aún. El encargado de cumplirlas con dificultades podrá atenderlas.
El artículo 126 fracción 3 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE, heredera del Cofipe) dice: "los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores (del INE), en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte...o por mandato de juez competente". Muy bien. Pero el artículo 151 dice en su fracción 1: "El 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales". Además, según el artículo 137 fracción 3: "Los listados...se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes".
Confidencialidad y entrega, dos prescripciones antagónicas. Pero que en este caso se entienden, aunque la segunda vulnera a la primera. Son parte de nuestro espíritu paranoico. Me explico. Una base de datos de más de 80 millones de personas, con información sobre su edad, sexo, domicilio, etc., por supuesto que debe ser confidencial. Los ciudadanos dan esa información al INE para integrar el padrón que sólo debe servir para confeccionar la lista de votantes y no debe estar en poder de nadie más. Pero la ley, en sentido contrario, obliga al Instituto -a través del RFE- a entregar esos mismos listados en medios magnéticos y en papel a los...
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