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José Miguel Vivanco / PRIAN y Circo

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AutorJosé Miguel Vivanco

En el antiguo circo romano, cuando caía un gladiador, su destino no lo decidía un juez ni un jurado, sino la voluntad del emperador y la multitud. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo algo similar con el sistema de justicia mexicano.

Este domingo 1 de agosto, se convocará a los mexicanos a que voten en una consulta popular sobre la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Diversos expertos han debatido el significado de esta imprecisa pregunta, que redactó la Suprema Corte tras rechazar la versión original propuesta por legisladores de Morena. Pero López Obrador, quien propuso la consulta popular antes de asumir la presidencia en 2018 y la ha impulsado con vehemencia desde entonces, ha dejado muy claro qué implica la pregunta y cómo pretende proceder si el resultado es positivo.

"Es una pregunta que se puede traducir de manera sencilla", explicó durante una conferencia mañanera el mes pasado. "¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Sí o no. Es otro texto, pero en esencia es eso". Incluso mencionó los delitos concretos por los cuales cree que se debería enjuiciar a cada expresidente. Los militantes que promueven la consulta popular en la calle han sido más directos. "¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?", rezan sus carteles.

El presidente y sus partidarios han intentado vender la consulta popular como un ejercicio del Estado de derecho y una forma de poner fin a la impunidad que aqueja a México. Pero, en verdad, es justamente lo contrario. La consulta popular que tendrá lugar el domingo es una burla de los principios más fundamentales del Estado de derecho y podría arraigar aún más la deplorable cultura de impunidad que impide el acceso a la justicia para innumerables víctimas de delitos, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales.

No existe ningún impedimento legal a que se investiguen posibles delitos cometidos por expresidentes, ya que la Constitución no otorga inmunidad a los funcionarios públicos...

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