José Woldenberg / El tiempo corre
| Autor | José Woldenberg |
El 20 de julio de 2007 fue publicada en el Diario Oficial la reforma al artículo 6 constitucional que a la letra dice: "Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal, municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público...".
La reforma -estratégica, vital, democratizadora- fue saludada como un triunfo de la política (todos los grupos parlamentarios votaron a favor), y como el inicio de una nueva era en la relación entre gobernantes y gobernados. Los segundos podrían reclamar información a todos los niveles de gobierno y a todas las instituciones públicas, y las autoridades estaban obligadas a responder. La información pública debe ser pública (y no se trata de una tautología dado que durante décadas se ha manejado de manera discrecional), y es un paso en la edificación de "un nuevo control ciudadano sobre el poder, que puede ejercerse de modo directo, sin la mediación de los órganos de representación política" (Alonso Lujambio).
Pero como derivación de toda norma constitucional, se preveía -en un artículo transitorio- que en un año, los 33 congresos deberían aprobar las respectivas leyes reglamentarias. Y hasta el día de hoy la inmensa mayoría no ha hecho su tarea. Y el tiempo corre.
Por si fuera poco, el de Querétaro ha desvirtuado la letra de la Constitución fusionando en un solo órgano a la comisión de derechos humanos y a la entidad encargada de supervisar que las distintas dependencias cumplan con sus obligaciones de transparencia. Lo que llevó al IFAI y a 26 institutos locales a solicitarle al gobierno federal (PGR) y a la CNDH que interpusieran acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. El plazo vence el 1o. de mayo y el tiempo corre.
Los legisladores tienen que modelar en las leyes el derecho al acceso a la información estatal (no sólo gubernamental) y las fórmulas para hacer transparente la gestión pública. Y la agenda abarca temas tan complejos y pertinentes como los principios de publicidad y de máxima publicidad hasta las obligaciones de las autoridades, pasando por la información reservada y confidencial, el manejo de los datos personales y las nuevas rutinas en la gestión documental y el manejo de los archivos administrativos. Todo lo cual demanda reformas a las instituciones y la creación o recreación de órganos garantes con facultades suficientes, especializados y autónomos. También, una brújula para diseñar procedimientos...
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