Jorge Alcocer V. / Violación tumultuaria

AutorJorge Alcocer V.

ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN:

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".

COFIPE; ARTÍCULO 228, PÁRRAFO 5:

"Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo (sic) del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral".

El Congreso de la Unión sigue omiso en expedir la ley reglamentaria de la disposición constitucional arriba citada; quizá por ello no exista norma electoral más violada, a ciencia y paciencia de las autoridades responsables de hacerla cumplir, que la establecida en el citado párrafo del todavía vigente Cofipe.

La violación ha sido tumultuaria. Gobernadores, jefes de Gobierno y delegados del DF, diputados, senadores y presidentes municipales, han incurrido -con cargo al erario- en la compra y difusión de mensajes en televisión y radio -también de espacio en medios impresos- para, a pretexto de su informe de labores, promover su imagen personal con fines político-electorales, no solo en el ámbito territorial de mandato, sino fuera de él y en muchos casos en todo el territorio nacional.

La comisión generalizada de una infracción o delito, aunada a la pasividad de la autoridad, conduce, por lo general, a la validación -o tolerancia- social de la conducta ilegal. Por desgracia los ciudadanos han dejado de...

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