Jorge Alcocer V. / Sumidero
| Autor | Jorge Alcocer V. |
Desde su viraje estratégico, Felipe Calderón se presenta como "el candidato del empleo", pero lo que no explica es la forma en cómo hará realidad su oferta conservando las mismas políticas que durante seis años han producido estancamiento y desempleo. Depender seis años más de los acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso podría ser simplemente catastrófico. Sin un programa económico coherente, la oferta de Calderón es frase publicitaria.
La semana pasada pudimos ver dos mensajes con promesas cuya factibilidad y conveniencia son altamente cuestionables. El candidato perredista promete aumentar en 20 por ciento el ingreso de las personas (¿familias?) que disponen de hasta 9 mil pesos mensuales, que son la enorme mayoría. A decir de uno de sus asesores, los recursos para cumplir la promesa vendrían de la disminución del gasto "burocrático", que en el primer año de gobierno -dice- ascendería a 100 mil millones de pesos.
Asesor y asesorado olvidaron que los salarios de los trabajadores al servicio del Estado no pueden ser reducidos por decreto. Aun si se reducen en 50 por ciento los sueldos de los altos funcionarios federales, el universo de afectados está acotado a los que laboran directamente para el gobierno federal, pues los demás no están en su ámbito de competencia. Otra vía para obtener el ahorro serían los despidos generalizados de burócratas, lo que incrementará el desempleo y hará crecer el número de familias a las que habrá que entregar el subsidio prometido. Cualquier cálculo serio demuestra que se abriría un enorme boquete que afectaría gravemente la operación de los servicios básicos a cargo del Estado, como educación, salud e infraestructura básica.
Si la transferencia de ingresos públicos a las familias beneficiadas se realiza a través de subsidios directos eso supone la existencia de un censo previo de familias que comprueben disponer de no más de 9 mil pesos mensuales. En una situación en que alrededor de la mitad de los trabajadores obtienen sus ingresos de actividades informales, la única forma de levantar ese censo es con la buena fe. La propuesta es inviable en sus extremos: las familias que declaren carecer de ingresos no tendrán base alguna para que se establezca el monto del subsidio a que tendrían derecho, pues el 20 por ciento de cero, es cero. Por el contrario, las familias que declaren ingresos de hasta 9 mil pesos, serán las más beneficiadas, por lo que no sería extraño que, pragmáticamente, casi todas prefieran...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba