Jorge Alcocer V. / Piso común
| Autor | Jorge Alcocer V. |
Una condición para que el debate sea factible y útil es que las partes tengan un piso común de información, de lo contrario, la Torre de Babel será casi inevitable.
En materia de dinero y partidos están en boga una buena cantidad de mitos y una alta dosis de ignorancia sobre hechos y datos básicos. Dejar de lado los primeros y superar la segunda ayudará a encontrar mejores soluciones.
Empiezo por el principio: en 1996 el derecho y la fórmula de cálculo para el financiamiento de partidos se colocó en la Constitución por una sola razón: la desconfianza opositora en el PRI y el gobierno. Como éstos tenían mayoría absoluta en ambas Cámaras, podían cambiar las leyes por sí mismos; en cambio para modificar la Constitución se requiere votación calificada de dos terceras partes. Esa fue la causa del exceso, que se ha repetido, ad nauseam, en las reformas constitucionales de este sexenio.
La fórmula para calcular el monto anual y su distribución está referida al financiamiento ordinario, que es el destinado a sostener los gastos cotidianos de los partidos. El de campaña es derivado de aquél, como un porcentaje que se asigna solamente en el año de la elección. La fórmula de 1996 era abigarrada, se construyó para obtener un resultado predeterminado; en ese año el ordinario fue de 600 millones de pesos, en 1997 el financiamiento total pegó un brinco al llegar a 2,087 millones, mitad por ordinario y mitad para campaña, un aumento del 249%. Lo que se hizo en la reforma de 2007 fue cambiar a una fórmula sencilla: el 65% del salario mínimo se multiplica por el número total de electores inscritos en el padrón, el monto es el total a repartir cada año, 30% de manera igualitaria y 70% conforme a los votos de cada partido para diputados federales.
En 1996 se decidió que el financiamiento de campaña fuera una cantidad igual al ordinario, del año de la elección, sin distinguir entre la intermedia, cuando solo se eligen diputados, y la presidencial, en que además se renuevan las dos Cámaras. El resultado fue paradójico, en 1997 y 2003 el PRI recibió para campaña más dinero público de lo que el tope establecido por el IFE le permitía gastar.
En la reforma de 2007 el financiamiento de campaña, como porcentaje del ordinario, se redujo al 50% en la elección presidencial, y al 30% en la intermedia (era del 100 por ciento). Sin ese cambio, en 2018 los partidos recibirían para campaña 4,296 millones, el doble de lo que van a recibir. Reducción sí hubo, aunque a algunos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba