Jorge Alcocer V. / En defensa del Congreso
| Autor | Jorge Alcocer V. |
Que las dos Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran entre las instituciones peor evaluadas por la sociedad es un dato que las encuestas confirman con preocupante uniformidad. Un estudio publicado en la revista Voz y Voto del mes pasado ("Confianza deteriorada", Ana Cristina Covarrubias) da cuenta de la generalizada desconfianza hacia las instituciones, pero con niveles extremos cuando de la Cámara de Diputados y del Senado se pregunta a los encuestados.
Un 77 por ciento de los entrevistados cree que en la Cámara de Diputados hay muchísima/mucha corrupción; un 68 por ciento no cree nada de lo que dicen los diputados; un 47 por ciento ubica a esa Cámara como la institución que menos respeto le merece -de entre 12 instituciones evaluadas. Los porcentajes para el Senado, a esas mismas preguntas, son: corrupción: 70 por ciento; nula credibilidad 67 por ciento; menor respeto 28 por ciento.
No deja de ser paradójico que mientras en ambas Cámaras existen comisiones para la reforma del Estado y son varias las organizaciones cívicas dedicadas al mismo tema, las múltiples iniciativas y estudios que pretenden fortalecer al Congreso hagan caso omiso del creciente deterioro de la imagen pública de las Cámaras, los legisladores y los partidos políticos.
A ese deterioro contribuye la publicación de reportajes, notas periodísticas y estudios en los que se pretende evaluar al Congreso y a los legisladores con criterios propios de una fábrica de tabiques. Tomar como parámetro de evaluación el número de reformas legales presentadas, dictaminadas y aprobadas por el Poder Legislativo, o el número de legisladores presentes en el salón de plenos cuando se están leyendo los innumerables puntos de acuerdo que saturan la orden del día, es una metodología que induce a equívocos mayúsculos que proyectan una imagen aún más distorsionada del papel y tareas del Congreso.
No creo que para nadie en su sano juicio sea un valor en sí mismo el constante cambio de las leyes. La seguridad jurídica está directamente asociada a la permanencia de las normas. Cuántas veces no nos hemos quejado del exagerado número de reformas introducidas en nuestra Constitución, o de la aprobación de leyes fiscales de vigencia anual que constituyen un dolor de cabeza permanente para los contribuyentes. Evaluar al Congreso solamente por el número de reformas aprobadas, haciendo caso omiso de su pertinencia y real aporte a la sociedad, es aplicar, repito, un criterio de eficiencia ilógico. No...
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