Jesús Silva-Herzog Márquez / El desafío
| Autor | Jesús Silva-Herzog Márquez |
El paso es irreversible. La Suprema Corte de Justicia ha abierto un camino que terminará, más pronto de lo que imaginamos, en la legalización de la mariguana. Importa que haya sido la defensora de la Constitución la que haya dado el primer paso porque a ella corresponde la definición cotidiana de las libertades. No lo ha hecho en demérito de la democracia. Ha actuado en nombre de su segundo principio. Si el primero es el mando de la mayoría, el complementario es el resguardo de los derechos. Tan importante éste como aquél.
La actuación de la Corte es motivo de celebración no solamente por el sentido de su resolución sino también por la travesía de su fallo. Se trata, a mi entender, de un camino esencialmente democrático que debe ser saludado en tal carácter. Es el ciudadano quien, equipado de argumentos e invocando la ley, reclama la actuación del Estado. Tras un complicado periplo, los jueces ponderan razones y deciden. Sin las estridencias ordinarias de los parlamentos ni las oscuridades técnicas de los gabinetes, exponen su razonamiento frente al país. El proceso es ejemplar: el Estado se inclina ante el individuo que es capaz de demostrar su razón. Los particulares no necesitan exhibir contingentes sino hilar argumentos. Armados con el derecho son capaces entonces de reencauzar la maquinaria de las reglas. La estructura del poder da la espalda a los cálculos de la clase política y se sujeta a lo que dicta la ley. A la aritmética de los votos se agrega la lógica de los derechos.
¿Puede alguien dudar que el muro del prohibicionismo terminará por caer? ¿Alguien cree posible dar marcha atrás al paso que se dio la semana pasada? ¿Puede pensarse que, en una década, la prohibición pudiera mantenerse en pie? La pregunta, a mi juicio, ya no es si la mariguana se legalizará o no. Las interrogantes relevantes son otras: cuál será el modo de reglamentarla; cuál será la estrategia del gobierno federal para tratar el complejo problema de salud pública que implica su despenalización; cuál será el modelo que adoptaremos para tratar el consumo y el comercio de esta droga. Desde la cúpula del Estado se lanza un desafío a las instituciones representativas. El amparo concedido al grupo que aspiraba al reconocimiento íntegro de su libertad exige actuación a la pareja de los poderes parciales. Ejecutivo y Legislativo deben actuar ya, sin evasivas. La autorización del máximo tribunal debe ser entendido así: como un llamado urgente a la decisión. Por supuesto...
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