Jesús Silva-Herzog Márquez / La responsabilidad del Tribunal
| Autor | Jesús Silva-Herzog Márquez |
Encuentro un acierto en la demanda del Movimiento Progresista que pide la invalidez de la elección presidencial: llama al Tribunal Electoral a reconocer la plenitud de su función constitucional. En efecto, los abogados de Andrés Manuel López Obrador exigen que el Tribunal asuma su responsabilidad como el último garante del orden constitucional en materia electoral. Si la Constitución postula una serie de principios democráticos para el proceso electoral, ese órgano ha de ser el último encargado de hacerlos prevalecer. Más allá del detalle procedimental, le corresponde verificar si en México hubo elecciones libres y si éstas fueron auténticas. El nombre del Tribunal no da cuenta del sitio que ocupa en el edificio estatal. Su inmensa responsabilidad política no queda reflejada en su apelativo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, en realidad, el Supremo Tribunal Electoral. Una instancia del orden constitucional: por encima de los poderes locales y también de los poderes federales. Como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral es una instancia suprafederal encargada de vigilar que los poderes públicos se ajusten, en materia electoral, al derecho y a los cánones democráticos. Que las autoridades surjan, efectivamente, de la voluntad de los electores.
De los defectos argumentativos, de los descuidos en la redacción y de los absurdos en la demanda del Movimiento Progresista se ha hablado mucho y con razón. Sigo pensando que la demanda presentada no es una pieza de argumentación persuasiva, que trata la sospecha como si fuera prueba plena, que suministra escasas pruebas para convencer a los jueces de la seriedad de su alegato. Sin embargo, la petición plantea a los magistrados del Tribunal Electoral una pregunta ineludible. ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones, sin amenazas en julio? ¿Prevaleció la equidad?
El Tribunal puede dar dos respuestas a estas preguntas. Puede eludir el núcleo del reclamo, escudado en una corta idea de la legalidad: ignorar las preguntas sobre la libertad electoral, la autenticidad del sufragio o, en general, las condiciones de la competencia democrática. Esos son asuntos que nos rebasan, podrían decir: a nosotros apenas nos corresponde la estricta legalidad. Repitiendo un par de fórmulas judiciales, podrá vindicar una tesis por la miopía: el Tribunal puede ver con claridad lo que tiene frente a la nariz pero no se...
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