Javier Livas / Transparencia opacada
| Autor | Javier Livas |
No me sorprende, por supuesto que no. Me preocupa. Cómo no me va a preocupar, a todos los ciudadanos nos debe interesar. Es un asunto importante que debió quedar resuelto desde hace 10 años y resulta que no lo está. Quizá vamos para atrás.
Me refiero a la transparencia. Y específicamente al hecho de que no se está cumpliendo con la legislación que se aprobó hace 10 años tanto en materia federal, como estatal y municipal.
También es preocupante que Diputados locales entren en disputas con la Tesorería del Estado porque ésta se niega a informar sobre asuntos tan delicados como el nivel de deuda contraída y las condiciones en las que ha sido contratada.
Las preocupaciones se amontonan porque me doy cuenta de que los Diputados ignoran el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Como ciudadano que invirtió tiempo valioso y recursos propios en empujar el tema de la transparencia, creo que conozco bastante del tema y de allí resulta una irritación mayor con el estado de cosas que ha aflorado en las noticias al respecto.
En un esfuerzo por rescatar lo mucho de bueno que tiene la legislación sobre esta vital materia, debo poner de relieve las reglas que aplican tanto en lo federal como lo estatal. Aclaro que el caso específico aquí es la referida disputa entre Diputados y Tesorería del Estado.
La ley dice que ésta aplica a todos los documentos que están o se generan por el Gobierno. O sea que, en principio, cualquier persona, extranjeros o Diputados, pueden pedir copias de cualquier documento en poder de oficinas de Gobierno. La regla es tan general que no se tiene que explicar con qué finalidad se solicita.
Ya establecido el principio de que "todos" quiere decir todos, la ley establece algunas excepciones. Lo hace en un listado que no deja dudas acerca de cuáles documentos no pueden ser conocidos o entregadas sus copias a los solicitantes.
Por esta sencilla razón lógica, en principio, todos los documentos manejados por la Tesorería son documentos públicos y deberían estar a disposición de cualquier solicitante.
No es excusa que los contratos de crédito o de comisiones tengan una contraparte privada para reservarlos. Si un banco cree que su imagen se deteriora porque se revelan las condiciones en que se pactan plazos o intereses, entonces quizá el Gobierno no debería estarse acercando a una institución con esa...
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