Javier Hurtado/ Justicia o venganza

AutorJavier Hurtado

Después de más de 38 años de no utilizarse la pena de muerte en los Estados Unidos por delitos federales, el pasado lunes le fue aplicada a Timothy McVeigh, responsable del acto terrorista de 1995 en Oklahoma City en el que perdieron la vida 168 personas. La ejecución de este soldado estadounidense de 33 años a su vez ha vuelto a abrir en los Estados Unidos, y en todo el mundo, el debate sobre este sistema de castigo (si es que se le puede llamar así).

Como se recordará, esta víctima -la número 35 de ejecuciones federales en ese país en el presente siglo- realizó el atentado dinamitero de referencia como venganza por la muerte de más de 80 personas en los acontecimientos del 19 de abril de 1993 (exactamente dos años antes de su bombazo) en Waco, Texas. Por lo mismo, durante su juicio no mostró arrepentimiento alguno y durante su ejecución adoptó una actitud desafiante. Por la responsabilidad que el Gobierno de su país tuvo en esos acontecimientos -de los que él mismo se convirtió en vengador- nunca perdió la convicción de que en el futuro no se consideraría un asesino, "sino un patriota que luchó contra la creciente tiranía del Gobierno". Tal era el nivel de convencimiento de sus acciones, que llegó al extremo macabro de solicitar que sus cenizas fueran esparcidas en el sitio de la masacre que él perpetró, lo que por razones obvias no se le concedió.

La ejecución de McVeigh desencadenó una ola de críticas por todo el mundo hacia los Estados Unidos por ser este uno de los pocos países occidentales que tienen contemplada la pena de muerte: los 43 países del Consejo de Europa la prohíben, igual que los 15 que integran la Unión Europea. En América, además de los Estados Unidos sólo la incluyen en su legislación Cuba, Guatemala, Belice, Guyana, Chile y México (donde desde 1937 no se aplica).

Por lo anterior no deja de ser paradójico que siendo Estados Unidos el guardián y paladín de la defensa y plena vigencia de los Derechos Humanos en el mundo, aplique la pena capital como medida punitiva en procesos en los que sus principales víctimas han sido miembros de las minorías raciales: afroamericanos, hispanos y asiáticos (no deja tampoco de ser casual que durante los cinco años que estuvo como Gobernador de Texas el actual Presidente de los Estados Unidos, 152 ejecuciones se hayan realizado en su estado). De lo anterior una pregunta resulta obligada: ¿por qué en la "cláusula democrática" que se incluirá en el Tratado de las Américas no se incluyó...

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