Javier Hurtado/ El ciclo de las reformas electorales
| Autor | Javier Hurtado |
(Segunda y última parte)
El debate actual sobre la reforma electoral y del Estado continúa sumergido en la fase de la alternancia o de la transición tratando de sacar reformas, ya sea propias para esa etapa de la evolución política de nuestro país; o bien, para tratar de superar los rezagos, vacíos o inconsistencias que la evidencia misma de su aplicación ha venido ha hacer evidentes. Así, la atención se ha centrado en el financiamiento público a los partidos políticos y en el asunto de la necesidad de legislar sobre las precampañas, dejando de lado temas de igual o mayor trascendencia para el fortalecimiento de nuestra democracia.
En el presente artículo, se parte de la premisa de que es necesario abrir en la evolución política de nuestro país, y en el ciclo de las reformas electorales, una quinta fase que podría denominarse como de la gobernabilidad democrática y de los derechos políticos de los ciudadanos. Aceptar lo anterior, implica reconocer que los objetivos que se persigan y las necesidades que atienda, son de naturaleza distinta a los que guiaron a las cuatro anteriores (que fueron enunciadas en la entrega anterior). Esta quinta etapa abarcaría tres principales campos de acción:
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- Las reformas para la gobernabilidad: se precisa orientar la voluntad política reformadora del poder legislativo (se dice legislativo, porque todo parece indicar que el Ejecutivo no tiene proyecto sobre la materia) hacia reformas constitucionales y legales que reduzcan el número de partidos político con derecho a la representación y al financiamiento público; que incentiven la colaboración entre los poderes; y, que modifiquen el actual sistema de integración de la representación política. Sus componentes esenciales podrían ser los siguientes: a) elevar el porcentaje mínimo de votación para que un partido político tenga derecho a financiamiento público y al acceso a cargos de elección popular; b) distinguir tres tipos de registro para los partidos políticos: el legal, que puede continuar sujeto a un 2 por ciento de la votación; el de derecho al financiamiento público, atado a un 3 por ciento de la votación; y, el de derecho a la representación política, al que sólo accederían los partidos que obtuvieran al menos un 5 por ciento de la votación; c) elevar el número de circunscripciones electorales, pasando de las cinco vigentes desde 1979, a al menos 10; pues, mientras menor sea el número de éstas mayores serán las posibilidades que partidos pequeños se...
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