Jaque Mate / La ley y el Estado
| Autor | Sergio Sarmiento |
"La ley es la conciencia de la humanidad".
Concepción Arenal
Que el Presidente de la República destituya a un miembro de su gabinete es perfectamente correcto y natural. El jefe del Ejecutivo tiene esa facultad y debe tener la entera libertad de usarla si quiere cumplir con su deber.
Que el Presidente despida a un Procurador de justicia porque insiste en aplicar la ley es muy cuestionable. La información disponible en este momento permite suponer que ésa fue precisamente la razón por la cual el Presidente Vicente Fox le exigió la renuncia a Rafael Macedo de la Concha. Un Procurador persistente y comprometido con la aplicación de la ley es un gran activo para cualquier gobierno, pero se convierte en un pasivo cuando insiste en continuar un proceso que le resulta incómodo al jefe del Ejecutivo.
Que el Presidente de la República escoja a un colaborador cercano y leal para ocupar una posición en el gabinete es perfectamente comprensible y correcto. Un gabinete es, después de todo, un equipo de trabajo. Y funciona mejor cuando está unido y colabora todo con el mismo objetivo.
Que el Presidente de la República escoja como Procurador de justicia a un hombre cuya experiencia profesional previa a su reciente ingreso al Gobierno fue la de ser notario, y cuya característica personal más importante ha sido su cercanía y lealtad con el Presidente, es cuestionable. En una democracia moderna es conveniente que la procuración de justicia la encabece una persona independiente, apoyada por una institución autónoma y nutrida por un servicio civil de carrera, como ocurre en el Banco de México o en el Poder Judicial, y que no esté sometida al Presidente.
Que el Presidente busque una distensión política en un momento tan importante como éste es positivo. México no debe sufrir enfrentamientos que pongan en riesgo su estabilidad por un delito que ameritó una fianza de apenas dos mil pesos.
Que la Procuraduría General de la República simplemente deje transcurrir sin acción el lapso en que tendría que haber apelado el rechazo de un juez -debido a un legalismo que tiene que ver con el pago irregular de una fianza y no con el fondo del asunto- a un pliego de consignación en un caso por desacato a un amparo es inaceptable. Las procuradurías tienen la obligación de aplicar la ley, aun cuando el Ejecutivo pueda buscar condiciones que impidan que esta aplicación ponga en peligro la estabilidad nacional.
Que el Presidente de la República sugiera modificar el artículo 111...
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