Jaque Mate / Dos villanos
| Autor | Sergio Sarmiento |
"Es el espíritu y no la forma de la ley lo que mantiene viva la justicia".
Earl Warren
René Bejarano dejó la cárcel este 6 de julio. Pocas noticias han generado tantas protestas entre la población en general. En mi programa de radio he recibido un alud de llamadas telefónicas de unánime condena. Muchos han querido ver en la liberación de Bejarano, de hecho, un "complot" entre el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador y el federal de Vicente Fox.
La verdad es que Bejarano ha quedado en libertad porque eso es lo que determina la ley. Millones de mexicanos vimos el video de cómo el contratista Carlos Ahumada le entregaba fajos de dólares a Bejarano. Y muchos, por lo tanto, consideran al ex presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ex secretario particular de López Obrador como un símbolo de la corrupción. No entienden, por lo tanto, cómo un juez pudo haberlo dejado en libertad.
Bejarano, sin embargo, no estaba siendo procesado por corrupción sino por lavado de dinero. Y el quinto tribunal unitario determinó, con razón, que no había pruebas que comprobaran su responsabilidad en este delito en particular.
El delito de lavado de dinero, como se conoce popularmente a las "operaciones con recursos de procedencia ilícita", se establece en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Dicho artículo plantea que se castigará a cualquier persona que "adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera... recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita".
Si bien la tipificación del delito es deliberadamente vaga, para permitir a las autoridades la posibilidad de usarlo para lo que sea, no hay indicios de que Bejarano haya incurrido en ninguna modalidad de él. Para que hubiera lavado de dinero, la PGR tendría que haber demostrado que el dinero que Ahumada le entregó a Bejarano era de procedencia ilícita, pero hay pruebas de que procede de la operación lícita de los negocios de Ahumada.
El que un político reciba dinero de un contratista no es necesariamente un delito a menos de que, por ejemplo, se trate de un pago para obtener un trato especial. Pero Bejarano no era...
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