JAQUE MATE / Corte y libertad
| Autor | Sergio Sarmiento |
"Más ley, menos justicia".
Cicerón
Santiago Creel, el presidente del Senado, afirmó este martes que los fallos con los que la Suprema Corte rechazó la mayor parte de las acciones de inconstitucionalidad de los partidos pequeños en contra de la nueva legislación electoral demuestran que ésta no viola la libertad de expresión. La verdad, sin embargo, es muy distinta. Lo único que demuestran las decisiones de la Corte es que el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, se ajusta a las enmiendas constitucionales hechas por los tres principales partidos políticos.
La Suprema Corte no es un tribunal de justicia sino de legalidad. Los ministros no tienen el mandato de determinar si una ley es justa o no, sino si se ajusta o no a la Constitución. El que la mayor parte de los artículos del Cofipe hayan sido considerados constitucionales sólo quiere decir que no violan una Constitución expresamente modificada para avalar los cambios en el Cofipe que la clase política quería para consolidar su control sobre el país.
La decisión no significa que la nueva legislación no viole los derechos de los ciudadanos a los que se les prohíbe ser candidatos a cargos de elección popular porque no los postula un partido político. Simplemente quiere decir que la prohibición en el Cofipe a los ciudadanos comunes y corrientes a aspirar a cargos de elección popular está avalada por una prohibición igual en el texto constitucional. Tampoco significa que no se esté violando el derecho a la libertad de expresión. Sólo implica que los políticos sustentaron la restricción en el Cofipe con una prohibición similar en el nuevo artículo 41 de la Constitución.
El ministro Sergio Valls tuvo plena razón ayer cuando afirmó que muchas de las críticas que se le han hecho a la Corte en esta materia son políticas y no jurídicas. La función de la Suprema Corte, después de todo, no es corregirle la plana al Legislativo y crear leyes más justas sino vigilar que se respete la constitucionalidad de las leyes. Y eso es lo que ha hecho.
Ayer, sin embargo, la Primera Sala de la Corte decidió atraer los 41 juicios de amparo promovidos por asociaciones empresariales y por un grupo de intelectuales -entre quienes me encuentro yo- en un momento en que ya la clase política consideraba cerrado el expediente de la nueva legislación electoral.
La Primera Sala no va a resolver estos juicios, pero sí va a determinar si es correcto que los jueces y tribunales hayan...
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