JAQUE MATE / Arraigo de oÃdas
| Autor | Sergio Sarmiento |
"El último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia".
Voltaire
Si no fue un acto de agresión política, ciertamente lo parece. Mario Moreno Conrado, presidente municipal con licencia de Ixtapaluca, estado de México, fue arraigado por la Procuraduría General de la República el 23 de febrero acusado de ser cómplice de una banda de secuestradores. El arraigo coincidió con el proceso interno del PRD, que se llevó a cabo el 15 de marzo, para elegir candidatos a puestos de elección popular. A pesar de estar privado de su libertad por la PGR, Moreno Conrado consiguió la candidatura a una diputación federal por su partido. Más de un mes después de iniciado el arraigo, en la madrugada del 26 de marzo, Moreno Conrado quedó en libertad. No hubo, por supuesto, ni siquiera un "Usted disculpe".
Moreno Conrado me dijo en entrevista este viernes 27 de marzo que la acción en su contra de la PGR surgió de que una persona acusada de participar en una banda de secuestradores llamada Los Tenientes declaró ante el Ministerio Público que alguien le había dicho que alguna persona en la banda estaba pagando dinero de protección a funcionarios locales, entre ellos el propio presidente municipal. La legislación mexicana no le da supuestamente validez a los testimonios de oídas, pero esto fue suficiente para que se sometiera a Moreno Conrado a un prolongado arraigo en un crucial momento de su carrera política.
Si pensamos bien, la decisión de la PGR panista simplemente coincidió con el proceso interno de selección de candidatos del PRD. Si pensamos mal, alguien en la PGR pensó que sería conveniente tener a un perredista popular acusado de ser protector de secuestradores en un año electoral.
El arraigo es un instrumento ideal para los abusos de la autoridad. Aun cuando la Constitución dice que el Ministerio Público debe consignar a un detenido ante un juez en un máximo de 72 horas con las pruebas de su presunta responsabilidad, el arraigo se ha convertido en la manera predilecta en que las autoridades privan de la libertad a quien quieren por periodos mucho más largos, y sin permitirle los derechos que la Constitución concede a los acusados.
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el arraigo el 19 de septiembre de 2005 por una abrumadora mayoría de ocho votos contra uno. Pero los legisladores -esos mismos que el año pasado sacaron al aire una pesada campaña de publicidad en la que afirmaban haber establecido la presunción de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba