Jaque Mate/ El conflicto
| Autor | Sergio Sarmiento |
"No estoy dispuesta a amoldar mi conciencia a los dictados de la moda de este año".
Lillian Hellman
Hace ya algunos años ofrecí una opinión en esta columna sobre una discrepancia pública entre Porfirio Muñoz Ledo y Diego Fernández de Cevallos. Porfirio había conseguido, por no sé qué extrañas artes, que se le concediera una pensión por su trabajo en el Gobierno que tomara en cuenta no sólo sus años al servicio del Ejecutivo sino también los que había pasado en el Congreso.
Algún comentario negativo debe haber hecho Diego, ya que Porfirio contraatacó con un cuestionamiento a su labor como abogado. No se refería, sin embargo, al trabajo que pudiera haber hecho el panista mientras estaba en el Congreso, sino al que hacía en los tiempos en que no era Legislador.
Mi posición en aquel entonces fue inequívoca. No tenía sentido cuestionar a alguien por realizar un trabajo en la empresa privada antes o después de haber sido Legislador o de haber cumplido una función pública. Si Muñoz Ledo había pasado toda su vida en el presupuesto gubernamental, ésa había sido su decisión, pero no se trataba de algo positivo. Restringir el servicio público sólo a aquellos que nunca han trabajado en el sector privado simplemente llevaría a darle un poder absoluto a una clase burocrática que tomaría decisiones que la beneficiaran exclusivamente a ella, sin importar el beneficio real para una sociedad que en buena medida no vive de la ubre gubernamental sino que la mantiene alimentada con sus impuestos.
Hace algunas semanas caí en una discusión similar con un ex Secretario de Estado que cuestionaba la ética de que ex funcionarios gubernamentales -como Pedro Aspe o Jaime Serra Puche- trabajasen en la iniciativa privada. "No puede aceptarse que estas personas se enriquezcan con el conocimiento que obtuvieron en la función pública", me dijo. El ex Secretario añadió que él había recibido varias ofertas para trabajar en la iniciativa privada pero que las había rechazado porque no le pareció ético.
Nuevamente yo estuve en desacuerdo. No solamente sería inconstitucional negarle a un ex funcionario el derecho a trabajar en cualquier actividad lícita, sino que ese intento colocaría ineludiblemente el Estado en manos de una clase burocrática cuyos intereses no son los mismos que los del pueblo.
La discusión ahora ha tomado un nuevo cariz con la polémica en torno al trabajo como abogados de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan, del priísta Salvador Rocha Díaz...
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