JALISCO VISIÓN 2024 / Estado de derecho
| Autor | Víctor Manuel Peña Briseño |
Difícil plantear en pocas líneas cómo deseamos ver a Jalisco en los próximos seis años en materia de Justicia y Derecho. Para concebir idealmente el estado de cosas deseables para los próximos 6 años, tratemos de definir lo que debemos entender por estos conceptos, ya que es un clamor popular la necesidad de que nuestros gobernantes respeten el Estado de Derecho.
Ulpiano, (Ilustre Jurista de la Roma Clásica) decía que justicia es "dar a cada quien lo suyo".
El dilema es resolver lo que a cada uno corresponde conforme al Derecho, o sea, conforme al orden jurídico instituido por el hombre para la realización de valores colectivos.
¿Y a quien le corresponde dirimir el derecho de cada uno en caso de controversia? Por supuesto que a los Jueces. ¿El Estado ha puesto atención debida a la procuración y a la administración de justicia? Por supuesto que no. De ahí la creciente desconfianza de la sociedad civil a estos rubros de la actividad gubernamental.
¿Hacia dónde debiera el futuro Gobierno de Jalisco encaminar sus esfuerzos para se respete el Estado de Derecho indispensable para garantizar la pacífica coexistencia de los jaliscienses entre sí y frente al Poder Público en sus tres niveles de gobierno?
Consideramos que los esfuerzos deben orientarse cuando menos a los siguientes rubros:
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A través del Poder Legislativo, modificar la Constitución Política del Estado para garantizar la designación de una Fiscalía independiente que no esté sujeta a los dictados de su jefe, el Ejecutivo. Sin una Fiscalía verdaderamente autónoma, no se puede garantizar la persecución de los delitos.
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Que el Legislativo del Estado modifique la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para:
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- Que se designen Jueces y Magistrados con carrera judicial y probada honestidad y experiencia.
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- Que estas designaciones no correspondan a cuotas de partidos políticos.
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- Que se garantice la autonomía financiera del Poder Judicial. Que su presupuesto no corresponda a gracia o dádiva del Ejecutivo. La independencia económica del Poder Judicial garantizará su independencia de criterio al resolver los juicios.
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Que se garantice la inamovilidad de jueces para que no sean removidos de su jurisdicción, salvo causa grave comprobada por el Consejo de la Judicatura y respetando siempre su derecho de audiencia y defensa. El criterio de los jueces al resolver sus sentencias, no debe quedar sujeto a presiones políticas.
El nuevo sistema penal acusatorio adversarial
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