Jaime Sánchez Susarrey / Vaciladas
| Autor | Jaime Sánchez Susarrey |
Es una vacilada, sentenció el senador panista Santiago Creel. Se refería a la demanda de amparo contra la reforma electoral. El razonamiento era y es muy simple: nadie se puede amparar contra la Constitución, no es procedente. El amparo sólo se aplica a las leyes secundarias, no a las fundamentales que están inscritas en la Carta Magna.
De hecho, hay un precedente que vale tener en cuenta. El Presidente José López Portillo emitió un decreto de expropiación de los bancos el 1 de septiembre de 1982. Lo anunció durante la lectura del Sexto Informe de Gobierno. Había sido preparado en el mayor sigilo. Nadie sabía de su existencia. Vaya, ni siquiera el Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog. Los banqueros, después del soponcio, reaccionaron con mesura. Interpusieron una demanda de amparo contra la expropiación. El decreto tenía inconsistencias y violaba varias garantías individuales consagradas en la Constitución.
López Portillo, congruente con su arrogancia y excesos, citó a los banqueros en Los Pinos al día siguiente. Ahí, sin agua va, fue franco y crudo: como ustedes saben, les dijo, soy abogado y de los buenos. Sé muy bien que el decreto de expropiación tiene varias fallas. Por eso he decidido reformar la Constitución.
Y en efecto, antes de que concluyera el mes de noviembre de 1982 la mayoría priista en la Cámara de Diputados elevó a rango constitucional la estatización de la banca. Ante ese hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dividió. La mayoría de los Ministros consideró que a partir de ese momento la demanda de amparo de los banqueros perdía sentido y sustento. Su criterio era idéntico al del senador panista. Una vez modificada la Constitución no había nada que hacer. Sólo dos Ministros votaron en contra. Desde su punto de vista se debía entrarle al fondo de la cuestión. Las inconsistencias de la estatización exigían un fallo positivo o negativo de la Suprema Corte.
Pero en aquellos tiempos del presidencialismo exacerbado una sentencia en sentido opuesto al Presidente de la República era impensable. La fracción panista en la Cámara de Diputados acuñó entonces una frase irónica: expropia ahora, legisla después. La inconformidad en el sector empresarial fue mayor. Pero no pudieron recurrir a ninguna instancia para protegerse. Se produjo así la ruptura entre el Gobierno y un grupo de empresarios. Manuel Clouthier sacó una lección definitiva: la lucha contra el autoritarismo exigía una transformación democrática del...
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