Jaime Sánchez Susarrey / Narcoamenazas
| Autor | Jaime Sánchez Susarrey |
Primero fue la detención de un sicario, Dimas Díaz Ramos, presunto operador financiero del Cártel del Pacífico, que planeaba un atentado contra el presidente de la República. Inmediatamente después la aparición en Culiacán de una cartulina con una amenaza de ejecución contra Felipe Calderón. Ambos hechos se inscriben en la serie de ataques contra la Policía Federal Preventiva en Michoacán y contra policías estatales en Guanajuato. Amén de los enfrentamientos que se han registrado entre efectivos del Ejército y los narcotraficantes a lo largo y ancho de toda la República.
Quienes afirman que la violencia en México se circunscribe, en lo esencial, a una guerra entre los cárteles por el control de plazas y mercados se equivocan. Desde hace tiempo hemos visto el uso de tácticas guerrilleras por parte de los narcotraficantes. Paralelamente, las detenciones de alcaldes y otros funcionarios en Michoacán confirman la penetración del crimen organizado en municipios y altos puestos de gobiernos estatales. El objetivo de la embestida es, clara y abiertamente, el Estado en sus diferentes niveles.
Felipe Calderón respondió a las amenazas con temple. Señaló que no era la primera vez que ocurría. El secretario de Gobernación fue más lejos: lo que de verdad nos preocupa, dijo, son los atentados contra los ciudadanos y su protección. Pero las amenazas contra el jefe del Estado no pueden tomarse a la ligera. La espiral de la violencia continúa en ascenso y el desafío al Estado es cada vez mayor. Además, no es lo mismo colgar una manta con una advertencia que encomendar la organización de un atentado. La orden en este caso tuvo que haber venido del más alto nivel del Cártel del Pacífico.
Lo que preocupa, o debería preocupar, es que el presidente de la República está en la primera línea de fuego y que el diseño legal e institucional del Estado resulta ineficiente e insuficiente para enfrentar al crimen organizado. La primera falla estructural está en que toda la estrategia de combate al narcotráfico depende de la decisión del presidente de la República y de nadie más. Pero eso no debería ocurrir en un Estado de derecho donde el combate contra la delincuencia es función y responsabilidad del procurador General de la República.
Otro tanto ocurre con el sistema federal. En el combate contra el narcotráfico los gobernadores brillan... pero por su ausencia. Y eso en el mejor de los casos, porque en otros hay sospechas de abierta tolerancia, contubernio o...
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