Isabel Sepúlveda / #VamosPorMás
| Autor | Isabel Sepúlveda |
Gracias a la presión de la sociedad civil organizada y de una buena parte de la Oposición, ayer se eliminó el pase automático del actual Procurador General de la República a encabezar la nueva Fiscalía General. Haberlo permitido era garantía de impunidad, de continuar con una justicia selectiva e injusticia generalizada.
El hoy Procurador, Raúl Cervantes, no cumplía con los requisitos fundamentales para ser el Fiscal autónomo que la Ley Anticorrupción federal exige: apartidista (es priista), independiente e imparcial (coordinó la campaña de Peña Nieto), además de tener una trayectoria profesional y ética intachable (dio un domicilio falso para emplacar un Ferrari que no podría haber comprado con su sueldo).
Este tema tenía paralizada a la Cámara de Diputados porque el desacuerdo entre los partidos políticos impedía la instalación de la Mesa Directiva. Sin ésta, el Congreso federal no puede funcionar y cualquier decisión que se tomara sería inconstitucional. De ese tamaño era el asunto.
Pero aquí hay mucho más fondo e implicaciones. Se trata de empujar una serie de exigencias por parte de la sociedad civil organizada, la academia, los empresarios y una buena porción de la clase política, encaminadas a tomar en serio la lucha contra la corrupción y la impunidad, a través del fortalecimiento del Estado de derecho.
Hay temas que se están discutiendo en estos días en los Congresos federal y estatal, que definirán el rumbo: si continuamos hacia el precipicio generado por el enojo e impotencia ante las redes públicas y privadas de corrupción e impunidad, o hacia una verdadera gobernanza. Entendida ésta como el gobierno conjunto de todos los sectores de una sociedad, dirigida por autoridades electas.
A nivel nacional, como parte de las iniciativas #VamosPorMás y #PorUnaFiscalíaQueSirva, representantes de estos sectores acudieron el miércoles pasado al Senado a entregar una propuesta ciudadana para reformar el Artículo 102 de la Constitución. En ella se pide que la designación del titular de la Fiscalía General se base en un procedimiento público en el que participen el Ejecutivo federal y el Senado de la República, acompañados por la observación y la opinión de una comisión ciudadana. El objetivo es contar con una Fiscalía fuerte pero con mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. Por eso es indispensable elegir con base en perfiles, no por preferencias personales.
A nivel estatal, los organismos empresariales...
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