Isabel Sepúlveda / Contrapesos

AutorIsabel Sepúlveda

Qué bueno que ya detuvieron a los ex Gobernadores Javier Duarte y Tomás Yarrington, qué mal que hayan sido autoridades de otros países las que realizaron la detención, cuando aquí en México se tiene todo lo necesario para haberlos procesado: evidencias, leyes e instituciones. Lo que no hubo fue interés y voluntad de los responsables de aplicar la ley para frenar a tiempo la debacle social y financiera provocada por estos personajes que, al igual que otros ex gobernadores, utilizaron su administración para enriquecerse ellos, sus familiares, amigos y un gran número de cómplices incrustados en las redes de corrupción públicas y privadas, estatales y federales. Éstos, además de beneficiarse, los sostuvieron en el poder y cobijan su huida o impunidad.

La famosa sonrisa de Javier Duarte al ser detenido por la Fiscalía de Guatemala no es sarcástica, es nerviosa, es la que aparece en una persona cuando enfrenta las consecuencias de un ilícito que cometió y jamás pensó pagar por ello. Es la del corrupto impune que ya no tiene el poder de arreglar cualquier bronca con una llamada a quienes, se supone, deberían evitar sus tropelías; que llega el momento cuando ni sus más cercanos y beneficiados cómplices lo pueden ayudar porque si continúan haciéndolo, se ponen en evidencia y se hunden junto a él.

Al momento de mandar este artículo, se informa que la esposa y familiares de Duarte partieron a Londres. Este es el lado desagradable: saber que, a diferencia del nuestro, hay países en donde la ley no se negocia, se aplica. En México, a pesar de contar con todos los elementos necesarios para vivir en un Estado de derecho que impida los niveles de corrupción e impunidad actuales, la ley se emplea discrecionalmente, por ello, las instituciones encargadas de vigilar y hacer contrapeso al poder están debilitadas. Uno de los principales objetivos de los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es ejercer como contrapeso de los otros dos, para evitar desequilibrios en el poder que permitan que uno de ellos subordine a los demás. La supremacía del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial era costumbre en la época dorada del PRI del pasado siglo. Ahora, quienes mandan son los líderes de los partidos políticos, junto a una mezcla de gobernantes, legisladores, jueces y magistrados en turno, encumbrados, colocados o nombrados, en su mayoría, con base...

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