Opinión Invitada / Ignacio Salazar Mariscal: Seguridad privada
| Autor | Opinión Invitada |
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Cuando el Estado no cubre a la población, la totalidad de las necesidades que ella tiene, crea un hueco que es llenado por el sector privado, como en el caso de los servicios de salud, de educación o de seguridad pública.
El incremento de los delitos y el deseo de los ciudadanos de conservar sus bienes y derechos han contribuido a generar un gran "mercado de la inseguridad" en el cual participan empresas nacionales y extranjeras que se dedican a prestar servicios de vigilancia y seguridad.
Se calcula que a nivel nacional operan más de 8 mil empresas de seguridad privada que emplean a 450 mil personas, generando 28 mil millones de pesos al año, que representa el 1 por ciento del Producto Interno Bruto.
El aumento de la población y el crecimiento de las ciudades originan una gran demanda de servicios públicos, en el caso específico, seguridad. Día con día hay más comercios, viviendas, empresas y lugares de recreación a los que hay que brindarles este servicio.
Resulta materialmente imposible para el Estado proporcionarles seguridad a todos, y es ahí donde intervienen personas físicas y jurídicas dedicadas a esta actividad.
La doctrina legal establece que la seguridad privada es una concesión especial que el Estado otorga a un particular para que pueda proporcionar determinados niveles de seguridad, más allá de lo que la seguridad pública debe y puede proveerle, en determinados lugares y bajo ciertas condiciones. Muchos de los bienes y servicios que se contratan satisfacen necesidades estrictamente privadas que la ciudadanía no tiene por qué subsidiar.
La seguridad privada vende prevención (evitar daños y pérdidas), en gran parte su éxito se debe a ello. Se trata de una prevención basada en la vigilancia y disuasión, no en atajar las causas de los problemas. La sociedad en condiciones normales tiende a demandar prevención más que represión.
La cesión parcial de la seguridad a empresas privadas no es una fragmentación del monopolio de la violencia legítima que el Estado posee, sino que responde al criterio de optimizar los recursos humanos, apartando a los agentes de la Policía cualificados de ciertas funciones que se consideran rutinarias o de poca trascendencia para la ciudadanía en general.
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