Investigan a juez por caso Agúndez
| Autor | Haydee Ramírez |
LA PAZ.- La Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur inició una averiguación previa contra el Juez Segundo Penal y quienes resulten responsables por haber fijado una fianza de 31 mil 714 pesos al ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño, ya que no garantiza el daño patrimonial causado al Estado por la venta de siete predios.
El Procurador Gamill Arreola arremetió ayer contra el Juez Sergio Aguilar ya que consideró que incurrió en responsabilidad por violar el Código de Procedimientos Penales y los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el proceso de otorgamiento de caución.
Arreola reveló que buscarán que se ejercite acción penal contra él y quien resulte responsable.
"Es por demás irrisoria, ridícula y sin fundamento jurídico la caución fijada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal (Sergio Aguilar) a favor de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez", dijo el funcionario.
"Al fijar una cantidad irrisoria, el Juez Segundo Penal de esta ciudad violentó el principio de legalidad, así como la fracción I del artículo 149 del Código de Procedimientos Penales, pues con dicho monto no cubre la reparación del daño causado al patrimonio del Gobierno del Estado".
Agúndez Montaño fue detenido en mayo y encarcelado en el Cereso de La Paz por el presunto delito de peculado al desviar el destino y vender siete predios en la exclusiva zona residencial de Cabo San Lucas, que debió usar para construir infraestructura pública como parques, escuelas o centros de salud.
Además del ex Gobernador fue detenido Alfredo Porras Domínguez, ex Secretario de Gobierno de Agúndez, por el mismo delito.
Ambos fueron liberados el viernes, tras casi siete meses de prisión y 48 horas después de que un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que no se acreditaba el delito de peculado del que los acusaban.
El viernes, el Juez local notificó al ex Gobernador que se acató el ordenamiento del Tribunal Colegiado, pero que le dictó auto de formal prisión por el delito de "incumplimiento de un deber legal", argumentando que no pidió permiso al Congreso local para vender los predios por segunda vez.
Al ser delito no grave, se le fijó una fianza de 31 mil 714 pesos, que pagó el viernes para abandonar el penal.
El Procurador explicó que de acuerdo con el artículo 149, para gozar de fianza el inculpado debe garantizar ante el Juez el monto de los daños y perjuicios causados al ofendido, probados hasta ese momento...
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