¿Inversiones seguras?
| Fecha de publicación | 06 Julio 2021 |
| Autor | AlbertoAguirre |
Después de 18 meses de un cierre forzoso y un semestre de contactos de primer nivel con autoridades mexicanas, el CEO de Americas Gold & Silver, Darren Blasutti entendió lo que significa certeza jurídica en tiempos de la Cuarta Transformación.
El directivo de la empresa canadiense había llegado con un abultado expediente a la primera cita, con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. El bloqueo al acceso principal a la mina San Rafael y a la planta de beneficio, ambas ubicadas en Cosalá, Sinaloa, había generado más de 600 millones de dólares en pérdidas. ¿Los responsables? Un puñado de bandidos, liderados por Yasser Beltrán.
Los inversionistas buscaban la reparación de los daños, el castigo a los saboteadores y la reanudación de las actividades de explotación, en la que interviene una plantilla de 350 obreros minero-metalúrgicos.
Blasutti hizo valer sus argumentos ante las autoridades mexicanas, gracias a las gestiones del embajador de Canadá en México, Graemer Clark. La secretaria Olga Sánchez Cordero los recibió en abril pasado y con sutileza estableció los límites de su mediación: para el gobierno de México es prioritario el respeto del Estado de Derecho, pero sobre todo su aplicación equitativa.
El conflicto entre distintas facciones del gremio minero —y no otra cosa— propició el bloqueo de la mina de Americas Gold&Silver en Cosalá. Después de 19 meses de inactividad, los empresarios asumen que la inspección que las autoridades laborales harán de las instalaciones este jueves 8 arrojará un largo listado de asuntos pendientes, en el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad e higiene, pero confían en que podrán reanudar operaciones a más tardar dentro de tres semanas.
Esos costos serán absorbidos íntegramente por la patronal, cuyos representantes cumplieron cuatro estancias en la CDMX desde que inició el año y se instaló la mesa de negociaciones, por intercesión de la secretaria Clouthier. Desde el arranque, las autoridades mexicanas reservaron un asiento para Napoleón Gómez Urrutia, no obstante, que la titularidad del contrato colectivo es reclamada por otras dos organizaciones sindicales.
La minera canadiense es una empresa pública y de acuerdo a lo estipulado en el nuevo T-MEC, está obligada a contratar con gremios que —entre otras disposiciones— deben elegir democráticamente a sus dirigentes.
Las denuncias por despojo y robo agravado, interpuestas ante la fiscalía sinaloense, y el reclamo por los...
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