Empresa/ Inversión social
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
La supuesta premisa en que se apuntala la alternativa habla de que la energía eléctrica para fines productivos no puede ser considerada como servicio público... por tanto bastaría reforzar el concepto previsto en el artículo sexto de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abre el escenario al pequeño productor, a las plantas cogeneradoras, a las de autoconsumo y a las de producción independiente...
... por más que éste surgió tras una reforma planteada en 1992 por el Gobierno salinista, cuyo espíritu rebasó con mucho la reserva, es decir el derecho de sacar el tema de la mesa por su importancia estratégica, prevista por el país en la negociación del capítulo VI del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
La nueva redacción del ordenamiento dejaría claro que el concepto de servicio público cobija sólo el ámbito residencial, municipal, rural y agrícola...
Naturalmente, bajo ese prisma la reforma sería más expedita, al cancelarse la exigencia de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, a cuya vera se reclamaría una mayoría calificada del Congreso, es decir dos tercios del pleno de ambas Cámaras, que en el terreno práctico implicaría una alianza entre la primera y la segunda minorías, es decir priísta y panista.
Lo cierto es que según la óptica del sector duro de los legisladores del ex partido oficial, la posibilidad del mercado paralelo dejaría indefensa a la Comisión Federal de Electricidad para un eventual desmantelamiento o privatización a futuro, alegándose improductividad.
Y es que, aunque la competencia despojaría a la paraestatal de apenas el 0.6 por ciento de su clientela de élite, ésta representa el 50 por ciento de sus ingresos... y si lo extendemos hacia la totalidad del consumo empresarial, estaríamos hablando del 60 por ciento de la facturación, cuyo nivel alcanzó el año pasado 140 mil millones de pesos.
Eventualmente, con el exiguo ingreso cuyo monto global lo asume la Secretaría de Hacienda, y dada la tendencia del Gobierno a desmantelar el subsidio otorgado tradicionalmente, la empresa pública difícilmente estaría en opción de atender las demandas de inversión social, es decir la expansión de la infraestructura en lugares de poco consumo.
¿Quién, pues, garantizaría el abasto en zonas de difícil acceso en el país, es decir sierras, montañas o selvas?
De hecho, hace más de 6 años que la Comisión Federal de Electricidad no invierte directamente en materia de infraestructura, concentrándose...
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