Una negociación; muchos interlocutores
| Autor | REFORMA - Staff |
La falta de interlocutores claros y discursos y conductas contradictorias, han entrampado el conflicto magisterial.
En un conflicto que es educativo, la autoridad en la materia, el Secretario Emilio Chuayffet, no está al frente de la negociación con los inconformes y la representación sindical mayoritaria del magisterio, el SNTE, tampoco aparece en las mesas de negociación.
Todos reciben a la CNTE, menos la SEP. Un día la disidencia magisterial, encabezada por la CNTE, acuerda con integrantes del Pacto por México, otro con la Junta de Coordinación Política de los Diputados, otro con coordinadores del Senado y hasta son recibidos por el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A su vez, la CNTE ofrece discursos de negociación pero diariamente presiona con medidas de fuerza. La CNTE inició ayer nuevas negociaciones con representantes del Congreso, pero a la vez incrementó sus medidas de presión con bloqueos y expandió su campamento más allá de la plancha del Zócalo.
La ruta de los desacuerdos pasa por muchas ventanillas y pocas decisiones.
Inicialmente el Pacto por México y la CNTE decidieron llevar a foros las propuestas de leyes educativas reglamentarias de la reforma constitucional aprobada en diciembre del año pasado.
Según integrantes de la Coordinadora, se realizaron diez foros nacionales, donde se presentaron 400 ponencias y participaron 10 mil delegados, pero reprocharon que las conclusiones que se entregaron al Pacto por México no se incorporaron en las iniciativas del Ejecutivo.
"Las conclusiones de los foros las autoridades federales se las pasaron por el arco del triunfo", resumió el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, quien demandaba a su dirigente, Jesús zambrano, presidente en turno del Pacto, que explicara si el partido avaló o no las tres leyes.
En el Pacto no se habían procesado las tres leyes reglamentarias, sólo había acuerdos en la que respecta a la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa -que por ley tenía que ser aprobada en el Congreso antes del 26 de agosto-, se trabajaba en las adecuaciones a la Ley General de Educación y había serías divergencias en las reglas para la evaluación de los maestros que integrarían la Ley del Servicio Profesional Docente.
Mientras el Pacto discutía estas leyes, la Secretaría de Educación lanzó las iniciativas del Ejecutivo sin consulta con partidos y la Secretaría de Gobernación. Es decir, lo que armaba el Pacto lo deshacía la SEP.
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