Instituto Federal Electoral: Desarmar la otra pirámide
| Autor | Jorge Alcocer V. |
En menos de tres décadas en México se han producido nueve reformas electorales (1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2002, 2003 y 2005); las primeras seis comprendieron modificaciones a la Constitución y a las leyes electorales, mientras que las tres más recientes solamente afectaron el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
¿A los mexicanos nos encantan las reformas electorales?
La primera reforma aquí considerada, la de 1977, abrió la competencia electoral y la representación en la Cámara de Diputados para opciones excluidas durante lustros de la vida legal; la más reciente reforma, promulgada el 30 de junio de 2005, extendió el ejercicio del derecho al sufragio a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
En un solo sexenio (1988-1994) hubo tres reformas electorales, con modificación constitucional incluida. En el de Vicente Fox llevamos tres, sin cambio constitucional de por medio. En los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo sólo hubo una reforma por sexenio, las tres con modificación constitucional.
La ley electoral de 1977 (LFOPPE) rigió durante tres procesos electorales (1979, 1982 y 1985). El primer Código Electoral, aprobado en 1986, sólo rigió para la elección de 1988. El Cofipe, con profundas reformas y cambios desde su promulgación en 1990, ha regido cinco elecciones federales (1991, 1994, 1997, 2000 y 2003), todo un récord de permanencia para una ley electoral, aunque entre el Cofipe de 1990 y el actual hay diferencias sustanciales.
¿Reforma antes del 2 de julio de 2006?
Este mes, al cumplirse el XV aniversario de la fundación del IFE, la pregunta sobre una próxima reforma electoral sigue estando presente entre analistas, legisladores y políticos.
Aunque la Constitución establece con precisión la denominada veda legislativa en esta materia -que comenzó el pasado julio-, sería arriesgado descartar una nueva reforma por ese solo impedimento. Recordemos que en enero de 1994, ya iniciado el proceso electoral, empezó la negociación para una nueva y profunda reforma electoral, que se concretó en mayo de ese mismo año, faltando poco más de tres meses para la elección.
Un cambio a la Constitución para luego dictar nuevas normas electorales es una puerta siempre entreabierta. No hay que desechar la posibilidad de una nueva reforma electoral que, de producirse antes del 2 de julio próximo, es muy probable que versaría sobre los problemas a los que observadores, autoridades electorales y partidos se han referido desde hace meses: fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidatos durante el proceso electoral, y acceso a la radio y televisión.
Sin embargo, como se comprobó en 1994, una vez que se abre la puerta de la reforma electoral, por ella pueden entrar asuntos que se consideraban resueltos, o al menos improcedentes. Con las reformas electorales ocurre lo mismo que con la política: son demasiado importantes como para dejarlas únicamente en manos de los partidos.
De 1977 a 1996, con sus virtudes y defectos, cada reforma contó con una visión desde el Estado; cuando a esa visión se sobrepusieron intereses partidistas o ambiciones personales, la reforma resultó efímera y muy pronto se requirieron nuevos cambios.
La última reforma electoral realizada bajo la conducción gubernamental fue la de 1996. Quizá uno de los factores que explican la ausencia de reformas electorales de gran calado en el sexenio que está por concluir, ha sido la prescindencia del Ejecutivo -es decir, de la Secretaría de Gobernación- en este ámbito.
En las reformas al Cofipe de 2002 y 2003 el Ejecutivo estuvo por completo ausente. La primera abordó uno de los temas políticamente correctos, la equidad de género; en la de 2003 -nuevos partidos- no fue necesaria una visión de Estado, pues en ella privó el interés puro y duro de los partidos existentes. En 2005, la reforma en materia de voto en el extranjero fue posible gracias a que el Senado aportó la visión que ni el Ejecutivo ni la Cámara de Diputados habían mostrado en sus respectivas propuestas.
Por esos antecedentes resulta difícil imaginar un escenario que haga posible una reforma electoral antes del 2 de julio de 2006. Sin descartar, esperemos que no por motivos traumáticos, la posibilidad de una reforma de última hora, previa a los comicios de 2006, este artículo pretende poner sobre la mesa de discusión un aspecto crucial que una futura reforma electoral debería abordar: la estructura del IFE, sus costos de operación, el financiamiento público de los partidos y más en general, del sistema electoral en su conjunto.
La pirámide
El sistema electoral mexicano tiene dos vértices institucionales: el IFE y el Tribunal Electoral (TEPJF). Ambos respondieron, en su creación, a la experiencia de las instituciones que los precedieron, así como al generalizado cuestionamiento opositor que en 1988 motivaron la integración y desempeño de la Comisión Federal Electoral y la ineficacia del entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), creado apenas dos años antes.
Sucesivas reformas transformaron las dos nacientes instituciones electorales, hasta no dejar ámbito electoral o partidista fuera de su competencia. Cada nueva reforma conllevó la necesidad de otorgar al IFE recursos públicos adicionales, con los cuales financiar personal y tareas que le fueron progresivamente encomendadas.
Mientras que en la etapa que podemos llamar fundacional (1977-1986) el costo económico de las reformas electorales no fue elemento significativo, a partir de 1990 cada nueva reforma exigió mayores...
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